Los sindicatos de la Rama Judicial emitieron una voz de alerta ante el posible colapso de miles de procesos que están en trámite en los juzgados de ejecución de penas, luego de agotarse el presupuesto con el que habían sido contratados los empleados de descongestión.  

Dicho represamiento se incrementó con la aprobación de los acuerdos de paz, el cual obligó a los juzgados a asumir el trámite de todos los procesos de libertad condicional para los exguerrilleros de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (Farc), además de los militares y policías que se han acogido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).  

María del Pilar Arango, presidenta de seccional de Bogotá de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial Sindicato de Industria (Asonal SI), recalcó que los cargos de descongestión que concluyeron fueron contratados con una inversión de 5 mil millones de pesos, que corresponden a un préstamo que le hizo el Consejo Superior de la Judicatura al Gobierno Nacional, como parte de los acuerdos que se hicieron el año pasado para solucionar el paro judicial que se organizó ante la falta de personal.  

Según Arango, el Ejecutivo se había comprometido a reintegrar dichos recursos al presupuesto de la Judicatura en este año, cuestión que no ha ocurrido, por lo que una vez se agotaron los recursos cesaron los contratos de los empleados de descongestión.  

La funcionaria explicó que ahora solo hay 62 personas encargadas de atender los trámites de 57.864 procesos y solo dos notificadores para Bogotá. 

“Se necesitan un mínimo de 100 empleados para cumplir nuestras funciones, con los que tenemos no hemos podido atender al público, las remisiones de procesos se hacen con un solo notificador y esto afecta las libertades normales y los habeas corpus”, afirmó Arango.