El comienzo del año judicial 2020 se inició este lunes con la aprobación del preacuerdo entre la Fiscalía y el exsenador Otto Nicolás Bula, uno de los investigados por el escándalo de los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht.

La audiencia se celebró este lunes ante el juez 15 de conocimiento en la que quedó en firme que el excongresista pagará una multa de 6.600 millones de pesos, una pena de prisión de 66 meses y una inhabilidad de 80 meses para ejercer cualquier cargo público.

El representante de la Procuraduría se opuso a ese aval bajo el argumento de que el tiempo en prisión es poco teniendo en cuenta que son 60 meses por el enriquecimiento ilícito y el restante por el delito de cohecho. A consideración del Ministerio Público estos cargos tienen un agravante mayor que el enriquecimiento.

Parte de la multa económica que se le impuso a Bula será pagada con una casaquinta que tiene en Chía, Cundinamarca, avaluada comercialmente en 3.300 millones de pesos. 

En noviembre pasado el despacho judicial había señalado que para dar el visto bueno el procesado debía anexar el certificado de tradición y libertad del inmueble en que constara que el inmueble quedaba a manos de la Nación.

Para garantizar el pago del saldo, 3.000 millones de pesos, Bula firmó unos pagarés a tres años.

Bula fue vinculado a las investigaciones de los sobornos de la firma brasileña tras establecerse que el 5 de agosto de 2013 Odebrecht lo contrató bajo la figura de honorarios por resultado o cuota de éxito, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

En la negociación también quedó estipulado que Bula será testigo en las demás líneas de investigación que tiene la Fiscalía en el expediente de los sobornos de Odebrecht. También se logró que la tipificación de los delitos, que estaban bajo la calidad de autor, pasara a la categoría de cómplice.

Ante el juez 15, Bula dijo que lo que busca no es una detención domiciliaria sino una reclusión en un hospital para someterse a un tratamiento de neurocirugía en razón a que le detectaron un quiste cerebral. Según su defensa, requiere mínimo dos meses de procedimientos hospitalarios.