Antes de vencerse el plazo de los tres días que la Jurisdicción Especial para la Paz le dio a la Fiscalía para que le entregara el listado de los bienes de las Farc, el ente acusador remitió a la Corte Constitucional un oficio para que ese alto tribunal establezca de quién es la competencia sobre los activos no inventariados de las Farc.

La misiva tiene 20 hojas y fue firmada por el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, pese a que la JEP le hizo la solicitud a la directora de Asuntos Jurídicos de esa entidad, Myriam Stella Ortiz Quintero.

Los bienes de las Farc, cabe recordar, pretendían destinarse a la reparación material de las víctimas de esa guerrilla. Desde ese grupo tenían que entregar la relación a más tardar el 15 de agosto. Los activos que se declararan después de esa fecha quedaban bajo lo que se ordena en la ley y esto es extinción de dominio. Y es la Fiscalía la que por ley debe encargarse de ese proceso.

Por ende, cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto, falsea la voluntad de paz de las partes y el marco legal del proceso de paz”, sostuvo Martínez Neira en la carta que le dirige al magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional.

En el marco de obtener información de los bienes que ese grupo obtuvo con actividades como narcotráfico, extorsión o secuestro, un grupo de unos 400 investigadores está en la tarea de revisar 13.268.205 archivos que fueron hallados en computadores incautados en las operaciones que la Fuerza Pública le asestó a esa guerrilla durante el conflicto.

“Gracias a ellos hemos encontrado 548 predios urbanos, 5228 rurales, 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1166 automotores y varias evidencias de caletas con dinero en efectivo que no fueron inventariados y cuyo único destino es que sean objeto de extinción de dominio”, reza uno de los apartes del documento radicado en la tarde de este miércoles.

Ahora, la JEP en su petición requirió a la Fiscalía para que entregara la relación de los bienes y activos de las Farc “que no fueron inventariados y que se encuentren en proceso de extinción de dominio” para, al parecer, aplicar medidas cautelares sobre los mismos.

Para el jefe del ente acusador, resulta “engañoso” si sobre dichos bienes “la JEP se anticipa a decretar el embargo y secuestro de los mismos”.

El tema de los bienes de las Farc ha sido un tire y afloje entre el fiscal Martínez y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, pese a que han sostenido reuniones buscando finiquitar esas discrepancias, aunque ellos han asegurado ante micrófonos que no hay ningún choque de trenes.

Sin embargo, Martínez dice en su petición que la JEP desborda sus competencias al llegar “a la extravagancia de considerar que todos los bienes de las Farc, que como producto de sus pesquisas, encuentre en adelante la Fiscalía, deberían tenerse como parte de los propios bienes inventariados por las Farc y no podrían ser objeto de extinción de dominio”.

Insistiendo en su tesis de que la Jurisdicción carece de fundamento constitucional y que no tiene actuación sobre los bienes no inventariados de la exguerrilla de las Farc, el fiscal elevó su petición ante el alto tribunal.

“La información relativa a los bienes y activos no inventariados, respecto de los cuales se adelanta un proceso de extinción de dominio y la de los ya identificados de las Farc que daría lugar a nuevos procesos de extinción, no constituye materia relevante para el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas a la JEP”, remató Martínez Neira.