Una sentencia ordenó al gobierno suspender el otorgamiento de licencias mineras hasta que las autoridades establezcan o delimiten zonas de reserva natural en las que no será posible realizar estas explotaciones por el riesgo ambiental.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su fallo, que es apelable, en el derecho “al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”.

La suspensión de la concesión de títulos mineros será en un término no mayor a tres años, cuando el Ministerio de Ambiente deberá haber actualizado el “catastro minero”, es decir, un mapa con las áreas excluidas para ejecutar estas actividades. 

En su dictamen, el tribunal aboga por esta actualización para proteger humedales, páramos, parques naturales, aguas subterráneas y “otras áreas de importancia ecológica”, donde actualmente hay intereses mineros y que no están delimitados o reconocidos.

El fallo fue dictado el 6 de diciembre pero divulgado, este viernes, por el senador Iván Cepeda, quien junto a organizaciones sociales interpuso en octubre de 2013 una acción popular en “defensa” de estos territorios.

“Esta es una decisión judicial que finalmente acepta que la política en materia minera tiene irregularidades sustantivas que deben ser corregidas. Para ello compromete a las instituciones mineras y ambientales para que de manera coordinada ordenen la casa antes de seguir adelante”, dijo el legislador en un comunicado.

Cepeda explicó que la corte reconoció que hay zonas excluidas de la minería por mandato legal y otras que por su “importancia ambiental deben agregarse a ese inventario” para evitar daños.

La iniciativa judicial interpuesta por Cepeda y las organizaciones iba dirigida contra los ministerios del Interior, Ambiente y Minas, y las agencias nacionales de Licencias Ambientales y de Minería.

La decisión ampara los derechos a “gozar de un medioambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, y la defensa del patrimonio público”, se agregó en la información.

En la sentencia, el Tribunal Administrativo aclaró que la suspensión no aplicará a “solicitudes de legalización minera tradicional y de las que se concedan en el ejercicio del derecho de prelación de las comunidades étnicas”.

Gobierno apelará sentencia

El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería presentarán el recurso de apelación frente al fallo que ordena suspender el otorgamiento de licencias ambientales mineras en el país.

“Lo anterior significa que el fallo del Tribunal no se encuentra en firme, hasta tanto el Consejo de Estado resuelva el recurso de apelación”, manifestaron las entidades del Gobierno Nacional, que a su vez indicaron que esta decisión sobre la acción popular es un fallo de primera instancia.

El gobierno Nacional anunció que “la ventanilla minera, a través de la cual se presentan las propuestas de contrato de concesión, seguirá en funcionamiento hasta que se conozca una nueva decisión en instancia judicial”.

El Ministerio de Minas había suspendido en febrero de 2011 el otorgamiento de licencias mineras hasta actualizar el catastro minero. Pero la Agencia Nacional de Minería la reanudó en octubre de 2012.

El sector minero tuvo una contracción del 3,6% en el PIB de Colombia en 2017.

La inversión en este sector ha disminuido considerablemente los últimos años, pues las empresas mineras consideran que hay “inseguridad jurídica” tras la realización de consultas populares en distintos municipios que han prohibido la explotación mineras en sus territorios.