Con la intención de favorecer a los terceros de buena fe en un proceso de seguridad jurídica, la Superintendencia de Transporte declaró la disolución de la sociedad Ruta del Sol S.A.S y la convocó a proceso de liquidación ante la Superintendencia de sociedades, a razón de una situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo.

La causa de disolución se fundamenta en que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribieron el 27 de febrero de 2017, un acuerdo de terminación y liquidación del contrato de Concesión 001 de 2015, que se traduce en Ruta del Sol II encargada del corredor Puerto Salgar-San Roque.

“La decisión se fundamentó en dos pilares principales: 1. La imposibilidad de la sociedad para continuar desarrollando su empresa social, la cual está ligada a la suscripción y ejecución del contrato de concesión número 001 de 2015 y; 2. La existencia de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía”, explicó la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama.

En cuanto a la medida relacionada con convocar a la compañía al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, la Supertransporte señaló que se justifica debido a que los aspectos de orden financiero, jurídico y administrativo, denotan una situación crítica de la sociedad, lo cual, sumado a la imposibilidad de desarrollar su empresa social, implica que la misma está “avocada a extinguirse”.

Los pagos

A la par del anuncio de la Supertransporte, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó que el Gobierno Nacional está adelantando el proceso de revisión de un acuerdo conciliatorio con las entidades bancarias que prestaron dinero para la realización de la Ruta del Sol II, ante la liquidación de la misma.

En ese sentido, los bancos que le prestaron al consorcio integrado por Odebrecht y Episol (Corficolombiana) para construir la Ruta del Sol II tienen una deuda a su favor y sin pagar de $1,2 billones de capital y más de $230.000 millones de intereses, siendo estos Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas.

“Aún no hay acuerdo, pero que en su lugar que se está estudiando una propuesta por un tercero en la cual no se tomarían en cuenta los intereses ya causados y solo se pagarían $1,2 billones de capital”, explicó la jefe de la cartera de Transporte, quien agregó que la idea es que se condenen los intereses de poco más de $230.000 millones y se pague solamente el capital de la deuda ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha.

De llegarse a un acuerdo, antes del seis de agosto, este deberá ser avalado por la Procuraduría General de la Nación. A la vez que el Gobierno deberá colocar $1 billón en Títulos de Tesorería (TES) para solventar la deuda con los terceros de buena fe (los siete bancos).