El Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta colaboración que habría hecho la empresa Postobón para financiar al frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En sentencia dada a conocer este lunes, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal señaló que la Fiscalía debe explicar los avances de las investigaciones que cursan al respecto, luego de que en el 2008, el paramilitar Armando Madriaga Picón, encargado de recoger las finanzas en Aguachica (Cesar), diera a conocer en su versión libre el presunto pago que habría hecho la empresa.

En específico, la Fiscalía deberá señalar “la presunta participación del gerente de esa empresa, para la época de 1999 a 2000. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario”.

En su versión libre, Madriaga Picón dijo que en el comercio recogía entre 40 y 60 millones de pesos. “El distribuidor de Postobón mensualmente me daba 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias; con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba a cerrar el que no colaboraba”.

En  439 páginas, la Sala señaló que si ese supuesto aporte fue voluntario, “será inminente conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado, la actuación que para el caso, ha adelantado la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas”.

El Tribunal señaló que dicho frente se financiaba con el cobro de ‘impuestos’ en poblaciones del Cesar y Norte de Santander, el hurto de combustible y de ganado, el impuesto al gramaje de coca y contribuciones de empresas. De acuerdo con el paramilitar Javier Antonio Coronel, estaban incluidas empresas palmeras que pagaban de acuerdo a la extensión de tierra y a su capacidad de producción.

Estos ingresos se destinaban a la manutención del frente, que era comandado por Juan Francisco Prada, para  el pago de sus integrantes y para pagar una nómina paralela de la Fuerza Pública a fin de permitir las acciones ilegales del frente.

“En ese sentido, se fijaron pagos que iban desde los tres millones de pesos para ciertos comandantes y 300.000 pesos para los patrulleros, hasta el pago de cuentas contraídas como las del celular”, dice el fallo.

En la determinación, la Sala explicó que a la hora de descifrar el contexto de violaciones a los derechos humanos cometidas por este frente paramilitar, es imperioso que se dé la responsabilidad jurídica a las empresas privadas que hayan tenido nexos con este y, en consecuencia, involucrarse en el proceso de reparación de las víctimas.

“Lo anterior resulta imperioso, para de alguna manera dar sustancia al apotegma de que quien financió la guerra, debe financiar la reparación; y así, dar seriedad al fenómeno macrocriminal desde el punto de vista de los nexos con esferas de poder político, militar, económico, empresarial, entre otros”, precisó la Sala.

Igualmente, se pidió a la Fiscalía que investigue los supuestos aportes que habría hecho la petrolera Petronorte a esa estructura.

Nexos con la Fuerza Pública

La determinación del Tribunal se dio a la hora de condenar a la pena máxima que tiene el proceso de Justicia y Paz, ocho años, al paramilitar Javier Antonio Quintero Coronel. En el fallo, igualmente se compulsó copias para que la Fiscalía investigue la relación que habrían tenido integrantes del Batallón Santander B2 con este grupo, pues se habrían dado operaciones en conjunto como recrear combates para hacer pasar como guerrilleros a pobladores que fueron secuestrados y asesinados, es decir, ‘falsos positivos’.

En específico, se reseñó la muerte entre 1995 y 1996 de tres personas que se desplazaban “en el tren que iba de Barrancabermeja a Santa Marta y que por su aspecto físico desarreglado, fueron bajadas y entregadas al Ejército para que los presentara como subversivos dados de baja en un combate, lo que se conoce como ‘positivos’”.

Pero eso no era todo, aparte de la nómina paralela a policías y militares, y el trabajo en conjunto, se reseñó en el fallo la relación de 30 integrantes de la Fuerza Pública en la comisión de múltiples crímenes. A esto se suma que de los 251 desmovilizados del frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’, 79 habían pertenecido a la Fuerza Pública y luego asumieron roles de comandantes políticos, escuadra y patrulleros, entre otros.

Nexos políticos

De acuerdo con lo dicho por el paramilitar Quintero Coronel, este frente de las AUC participó en las elecciones a cargos públicos de orden local, departamental y nacional, en los municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, Ocaña y Ábrego, facilitando escoltas a varios candidatos durante sus campañas y coaccionando a los pobladores, a quienes muchas veces transportaron de manera forzada hasta las mesas de votación  para que votaran por determinados candidatos.

La Fiscalía aseguró que entre los beneficiados estuvieron “Israel Obregón Ropero, dos veces apoyado en sus aspiraciones a la Alcaldía de Aguachica; Diosa Ramírez, candidata al Concejo de San Martín, reconocida como miembro de las AUC donde hacía de enfermera; Alirio Díaz,  candidato al Concejo de Terraplén; el doctor Aquiles (apellido sin especificar), alcalde de Ocaña; Javier Zárate, político de San Alberto; Gerardo Jaimes, político en San Alberto; Luis Aguilera, candidato a la asamblea departamental; David Simanca, alcaldía de Aguachica; Sadith Armenta, alcaldesa de San Martín”.

Los crímenes

A este frente se le acusa de cometer 42 hechos que dejaron 53 víctimas directas y 318 indirectas, así como cometer infracciones al derecho internacional humanitario por el homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, lesiones en persona protegida, despojo en campo de batalla, terrorismo, desplazamiento forzado y múltiples delitos comunes.

El Tribunal declaró que como patrón macrocriminal, este frente  se dedicó al ataque selectivo contra la vida de integrantes de la población civil de sur del Cesar y Norte de Santander, quienes antes de su muerte fueron secuestrados y, en algunos casos, torturados.

El fallo dice que las personas eran trasladas a fincas donde duraban secuestradas y amarradas entre 5 y 6 días, para torturarlas antes de asesinarlas. Una de estas personas fue Alexis Agudelo, un menor de edad que fue sometido a tortura con baldes de agua y ahogamiento.

Además, los cuerpos de sus víctimas quedaban expuestos en lugares públicos como carreteras, al frente de un ancianato o frente a la residencia de la víctima.

Listado de masacres

En Cesar

Corregimiento Puerto Patiño, Aguachica, 15 de enero de 1995; 9 víctimas.

Vereda La Huila, municipio de San Martín, 16 de abril de 1996;  5 víctimas.

Vereda Minas, municipio de San Alberto, 7 de diciembre de 1996; 6 víctimas.

Vereda Los Tendidos, municipio de San Alberto, 22 de abril de 1999; 5 víctimas.

Corregimiento Cerro Redondo, Aguachica, 6 de febrero de 2000; 9 víctimas.

Vereda Santa Rosa del Caracol, Aguachica, 8 diciembre de 2001; 5 víctimas.

Corregimiento Cerro Redondo, Aguachica, 25 de marzo de 2001; 4 víctimas.

Vereda Limoncito, Aguachica, 30 de marzo de 1993; 5 víctimas.

Corregimiento Márquez, Río de Oro, 27 de marzo de 1994; 3 víctimas.

Corregimiento Cerro Redondo, Aguachica, 25 de marzo de 2001; 9 víctimas.

En Norte de Santander

La Playa de Belén, 23 de mayo de 1999; 9 víctimas.

Ábrego, 23 de mayo de 1999; 9 víctimas.

Colprensa