Luego de casi siete horas de audiencia, fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del director de La Picota Luis Perdomo, acusado por la Fiscalía de ser el presunto responsable del delito de concusión y enriquecimiento ilícito basado en la supuesta exigencia de dinero a un capo solicitado en extradición por los Estados Unidos.

De acuerdo con la decisión de la jueza, el mayor Perdomo deberá ser recluido en las celdas que tiene la Fiscalía tiene para este tipo de casos,  considerando que se trata de un funcionario público que ha tenido contacto con la población carcelaria.

La Procuraduría apoyó la solicitud expresa hecha por la delegada de la Fiscalía en el sentido de que otorgarle una medida de aseguramiento diferente a la de un centro carcelario se prestaba para una posible obstrucción de la justicia por parte del director de La Picota.

La defensa, por su parte, manifestó que tal hipótesis no tiene asidero toda vez que el mayor Perdomo “ha demostrado ser un hombre probo a lo largo de su carrera como servidor público y recordó que estando al frente de los penales ha sido objeto de atentados, al parecer, provenientes de personas que se sienten incomodadas con sus decisiones”.

“Uno de los atentados tuvo lugar el 17 de febrero de este año y otro fue en junio de 2017. Todo apunta a que esas amenazas provienen de integrantes del llamado Clan del Golfo”, dijo ante el despacho el abogado Germán Navarrete.

El video de las cámaras de seguridad y un audio están entre las pruebas que presentó la Fiscalía. El video fue tomado del sistema de vigilancia de un restaurante de comidas rápidas ubicado muy cerca del búnker. Allí se reunieron el mayor Perdomo con el hijo y el sobrino de José Bayron Piedrahita, el capo  solicitado en extradición.

Según la Fiscalía, en ese encuentro se le entregaron al mayor los primeros 10 millones de pesos de un pago de $30 millones que tenían como objeto la concesión de una serie de beneficios para un preso.

En las imágenes proyectadas por el ente acusador se observa que uno de los familiares de Piedrahita le entrega un paquete al uniformado. Para la Fiscalía ahí estaba el dinero. Para la defensa, lo que le entregaron era información de vital para seguir quitándole concesiones que por ley no pueden tener los internos.

En su decisión, la jueza sostuvo que la defensa del acusado no presentó material contundente para desvirtuar esa hipótesis, por lo que “el indiciado puede ser el presunto autor de los delitos que le imputaron”.