La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, denunció que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo ordenó diez días de arresto y el pago de una multa de diez salarios mínimos mensuales en su contra, por desacatar una tutela que la obligaría a posesionar a alguien inhabilitado.

La tutela fue interpuesta por Jackeline Hernández, escogida por el gobernador de Sucre, Edgar Martínez, como nueva directora seccional del ICBF en este departamento, pero Plazas se negó a posesionarla argumentando inhabilidades por parte de la demandante.

Según explicó la directora de la entidad, Hernández está inhabilitada para ejercer el cargo por haber sido contratista de la entidad hasta enero de este año.

"Juez ordena mi arresto por cumplir coherentemente dos fallos de tutela. Juez quiere que nombremos una señora en Sucre que está inhabilitada. Si me toca ir a la cárcel por defender lo justo y no cometer corrupción, me voy los diez días. No me dejaré amedrentar", aseguró la funcionaria.

Sobre la decisión del juez Plazas agregó: “nosotros no podemos subir la hoja de vida cuando hay un concepto del ICBF que dice que la señora está inhabilitada. Cuando uno va a subir una hoja de vida tiene que jurar que la persona no está inhabilitada. Cómo voy a ordenar a mi Director de Gestión Humana que lo haga porque el juez lo diga, no puedo hacer esto”.

La orden judicial señala que la funcionaria debe pagar la condena en la cárcel Buen Pastor de Bogotá, sin embargo ya apeló la situación.

“Nosotros ya apelamos. Soy respetuosa de las decisiones judiciales. Pero en este momento, lo que me están obligando es a cometer una ilegalidad, o a ordenarle a un funcionario mío a cometer una ilegalidad. Esperamos que esto se solucione en la mayor brevedad posible”, sentenció.