Por segunda vez en una semana en la Cámara de Representantes se le hizo un control político al gobierno de Iván Duque, para que responda por los reiterados abusos que ha cometido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, cuando han hecho presencia en las recientes marchas del reclamo social por el que pasa el país.

Esta sesión, que se dio en la plenaria de la Cámara, se cumplió en virtud del estatuto de la oposición, en donde los partidos que son contrarios al Gobierno Nacional decidieron el orden del día y citaron al alto gobierno a responder por este tema, a lo cual ataron los reclamos de las protestas.

Y como era de esperarse, el debate llevó a que el partido de Gobierno, el Centro Democrático, criticara a la oposición por la forma en que adelantaba la sesión. Fue precisamente cuando el senador del Polo, Iván Cepeda, le pidió al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, que le prestara atención porque esa no era una reunión social.

Eso llevó a que el uribismo protestara por lo que llamaron falta de respeto al general, asunto que por varios minutos se tomó la sesión.

Previamente, el representante a la Cámara, Inti Asprilla, uno de los citantes, tras recordar los abusos del Esmad, sostuvo que los mismos serán llevados ante tribunales internacionales, porque son claras violaciones de los derechos humanos.

El congresista resaltó que las acciones que se están llevando a cabo contra los ciudadanos son injustificables, debido a que se han exigido a los manifestantes acciones que violan sus derechos. “A algunas personas les han solicitado que dejen ver sus celulares. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, retuvieron a mujeres y jóvenes que solo llevaban una hojita en contra del Gobierno”, dijo.

Con respecto al caso de la joven que era llevada en un carro particular que estaba a nombre de la Policía Nacional, Asprilla recordó que los policías de civil no están autorizados para este tipo de hechos, por lo tanto, se incurrió en un delito.

Por su parte, el senador Iván Cepeda recalcó que “no puede ser que en este país la política de paz sea algo que dependa del presidente de turno y la de defensa sí sea una política de Estado”, y calificó de arbitrarias, brutales e ilegales las acciones realizadas como allanamientos, ataques a las movilizaciones pacíficas, puntualmente los del pasado 22 de noviembre, y la muerte del joven Dilan Cruz.

Así mismo, Cepeda recordó a la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, que este partido había sugerido armar a la población civil en defensa propia.

Le quiero recordar a la representante Restrepo que es eso es ilegal, puesto que el artículo 22A de la Constitución expone que con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, se prohíbe la creación, promoción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo”, recalcó Cepeda.

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, María José Pizarro, que este miércoles presidió la sesión, rechazó las acciones que se han realizado en contra de los manifestantes.

Pizarro calificó como inadmisible el hecho de que se invierta mucho más en Fuerza Pública que en los jóvenes que necesitan educación en el país. “Cada agente del Esmad le cuesta a la nación 30 millones de pesos entre armamento e indumentaria, mientras que un estudiante de la Universidad Nacional cuesta 10 millones entre costos de profesores, manutención y administración, ¿por qué insistimos en reprimir y no en formar?”.

La representante recalcó, además, que 35 personas han sido asesinadas por el Esmad desde su creación en 1999. Gran parte de los fallecidos fueron personas menores de 27 años.

Incluso, demandó acciones de violencia de género en el marco del Paro Nacional. “Hay otra parte muy importante que hemos olvidado y es el de violencia de género. Nos han llegado demandas en las que se afirman acciones tales como maltrato físico y psicológico, amenazas y vulneraciones tales como obligar a las jóvenes a desnudarse y hacer cuclillas o agacharse”, señaló.

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, resaltó que los principios por los cuales se creó el Esmad son de documentos que velan por los Derechos Humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, por ende, cuenta con los debidos protocolos para su existencia.

“Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el uso de la fuerza o lo limitarán al mínimo necesario. Por otra parte, el principio 14 dicta que al dispersar una reunión violenta, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar armas de fuego, cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos, únicamente, en la mínima medida necesaria”. enfatizó Trujillo.

En cuanto al uso de la fuerza, el ministro recalca que es legítima, con el fin de aplacar actos de vandalismo que se presenten durante una movilización.

“Después de las marchas pacíficas, vino el vandalismo, la violencia, el desorden y la criminalidad en muchas ciudades de Colombia. Con vándalos, no me estoy refiriendo a los manifestantes, sin embargo, se cometieron delitos como lesiones personales, deformidad, perturbación psíquica, pérdida funcional de un órgano o miembro, concierto para delinquir y amenazas”, explicó Trujillo.

Por otro lado, la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que acciones vandálicas como la del robo de un bus en el sur de Bogotá y lo daños en los sistemas de transporte en ciudades como Bogotá y Cali, no solo representó un daño en un bien público, sino también se tradujo en un riesgo a la vida de quienes estaban en el lugar.

“Cuanta tranquilidad y seguridad devuelve la Policía Nacional y el Esmad con su trabajo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con los uniformados en los puestos de mando unificado, y al igual que todos tienen sus obligaciones, son mujeres o jóvenes que están en universidades. Y al igual que a nosotros les duele la situación de lo que ocurre en el país”, señaló la ministra.

Así mismo, Gutiérrez generó polémica al advertir que “ojalá [los manifestantes] no se atrevan a bloquear el aeropuerto”, refiriéndose al caso de los jóvenes retenidos el pasado sábado 7 de diciembre con carteles en contra del Gobierno.