La Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno colombiano presentaron un nuevo programa para la reincorporación de los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc, que tendrá una inversión de tres millones de dólares, informaron este martes fuentes oficiales.

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación detalló en un comunicado que con la iniciativa se busca fortalecer social y económicamente a 2.500 desmovilizados de nueve de los 32 departamentos del país.

"Estas acciones reiteran el claro compromiso del Gobierno, Farc y de la comunidad internacional con el proceso de reincorporación y contribuye a que el proceso de paz sea exitoso", manifestó el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, citado en la información.

Con esto se prevé fortalecer las "iniciativas productivas" de los desmovilizados y los "procesos organizativos" de las mujeres con una perspectiva de cuidad y género.

El programa es financiado por el Fondo de la ONU para la Consolidación de la Paz, que ha recibido más de 85 millones de dólares que se han invertido en al menos 72 proyectos que benefician a más de 1,3 millones de personas.

El gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Far, ahora convertida en partido político, firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016 tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.

Durante la presentación del proyecto, que se realizó en Dabeiba, municipio del departamento de Antioquia, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señaló que este es una muestra del compromiso del presidente Iván Duque con los desmovilizados.

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los exguerrilleros hacen su tránsito a la vida civil, que hacen parte de este programa se encuentran en los departamentos de Tolima, Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, La Guajira, Antioquia, Arauca y Cauca.

El Coordinador Residente y Humanitario de la ONU en Colombia, Martín Santiago, afirmó que "la visión integral de este programa avanza en la agenda de prevención y el sostenimiento de la paz impulsado por el secretario general de la ONU (Antonio Gutérres) para atender las causas que generan violencia y pobreza". 

Se necesitan acciones "rápidas sobre el terreno" para impedir asesinatos de los desmovilizados

El Consejo de Seguridad de la ONU urgió a Colombia a acelerar el proceso de reintegración de los antiguos combatientes de las Farc y reiteró su preocupación por los repetidos asesinatos de exguerrilleros.

En una declaración pactada por los 15 miembros, el Consejo de Seguridad subrayó la importancia de asegurar una plena reincorporación socioeconómica, política y legal de los desmovilizados.

Ello, recalcó, debe incluir el acceso a tierras y mercados, así como más garantías de seguridad, sobre todo de cara a las elecciones locales de este año.

Los repetidos asesinatos de exmiembros de la desmovilizada guerrilla siguen preocupando al máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que expresó también su pesar por los ataques contra líderes civiles en Colombia.

Según el Consejo, se requieren acciones "rápidas sobre el terreno" para impedir esos asesinatos y llevar a los responsables ante la Justicia.

La declaración emitida este martes sigue al debate celebrado la pasada semana por el Consejo de Seguridad, en el que la ONU apremió a Colombia a completar cuanto antes el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el texto pactado por los países, el Consejo reitera ese llamamiento, pidiendo que la Ley Estatutaria de la JEP se apruebe "lo antes posible".

Al mismo tiempo, los quince miembros dieron la bienvenida al compromiso del presidente colombiano, Iván Duque, de construir "consenso nacional" en torno al sistema de Justicia especial creado bajo el Acuerdo de Paz con las Farc.

La JEP es la justicia especializada para investigar y juzgar crímenes cometidos no solo por la exguerrilla sino por otros actores del conflicto en el país y, pese a la falta de esa Ley, ya está trabajando en siete grandes casos que afectan a 820.000 víctimas.

La Ley Estatutaria está pendiente de ratificación, después de que Duque presentase objeciones a seis de sus 159 artículos, que fueron rechazadas por la Cámara de Representantes.