Según el último informe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en medio de la pandemia por el COVID-19, se sigue presentando reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armado ilegales.

Para la ONU, el riesgo de este fenómeno puede aumentar en medio de la cuarentena  decretada por el Gobierno nacional, en especial  en  el Cauca, Guaviare, el Meta y Nariño, desde donde se hicieron reportes  de varios casos.

De igual forma, en dos antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación en Antioquia y Nariño se hicieron actividades de prevención, incluidas actividades de capacitación y concienciación de padres y madres.

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“Se ha informado que las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito, especialmente en el Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia. En estas regiones, la misión ha verificado asesinatos de excombatientes de las Farc que viven en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y en nuevas áreas de reincorporación colectiva, así como amenazas contra ellos” agrega el informe.

Es así como ratifica la ONU que los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos han continuado durante la pandemia y recuerda que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema.

“En varias regiones, grupos armados ilegales y organizaciones criminales han aprovechado la pandemia para reforzar su presencia en los territorios, entre otras cosas mediante ataques contra la Fuerza Pública, el desplazamiento y el confinamiento forzados de las comunidades, y amenazas y asesinatos selectivos de líderes sociales y exmiembros de las Farc”, señala la ONU.

El informe también hace especial énfasis en que,  en algunos casos, los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales han impuesto medidas de control social, como el establecimiento de puestos de control ilegales y la comisión de actos de violencia contra las personas que incumplieron el confinamiento.