La secretaria adjunta de la ONU, Amina Mohammed, pidió al Gobierno Nacional "sostener la paz" e implementar el acuerdo firmado en 2016 con la entonces guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en especial en lo que respecta al papel de las mujeres en la reincorporación de los excombatientes.

El pacto de paz "reúne gran esperanza para las mujeres en Colombia y alrededor del mundo" y podría ayudar a recuperar la economía afectada por la pandemia. 

"Es un momento (...) para no dejar a nadie atrás y para sostener la paz", dijo la alta funcionaria en una declaración virtual conjunta con el presidente Iván Duque.

Las mujeres son "esenciales para la construcción de paz y quisiera invitar al gobierno a compartir, pero también a acelerar la implementación de las disposiciones de la agenda (...), incluyendo los recursos y medidas adicionales para fortalecer esta perspectiva de género", insistió Mohammed, según la traducción oficial.

Además, invitó el gobierno de Duque a garantizar la seguridad de los excombatientes en proceso de reincoporación.

Según el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), 236 de sus miembros han sido asesinados desde la firma del pacto.

En repudio a la violencia que asedia a los exguerrilleros y a las zonas que dejó vacante la insurgencia, cientos de excombatientes iniciaron el 21 de octubre una "peregrinación" de más de 200 km que partió del sur del país y llegará a Bogotá el 1 de noviembre.

Por su parte, Duque resaltó "la urgente necesidad de enfrentar el narcotráfico", combustible de los grupos armados a los que culpa por el rebrote de violencia.

La ONU supervisa la implementación del acuerdo que llevó al desarme de unos 7.000 combatientes de la otrora guerrilla más poderosa del continente.

El presidente había sido más vehemente en un evento oficial que tuvo lugar horas antes en Bogotá, donde exigió al tribunal de paz que juzga los peores crímenes del conflicto endurecer medidas contra los cabecillas de la disuelta guerrilla marxista.

"El estado de derecho espera, incluso en momentos de transición, que sí haya decisiones que determinen la responsabilidad de quienes perpetraron actos atroces y que se impongan sanciones genuinas y proporcionales, no solamente simbólicas", dijo.

Duque asumió el poder en 2018 con la promesa de modificar los acuerdos con las Farc por considerar que premiaban con impunidad delitos cometidos por la insurgencia. Pero el Congreso rechazó su iniciativa.

El acuerdo prevé penas alternativas a la prisión para los excombatientes a cambio de justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Aunque el pacto con ese grupo redujo la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi seis décadas deja más de nueve millones de víctimas.