La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en el informe final del 2018, reiteró su preocupación por la muerte de líderes sociales en las zonas que antes eran ocupadas por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pidió al Gobierno efectividad en el plan de acción oportuna para proteger la vida de los defensores de derechos humanos.  

“Me sigue preocupando enormemente que se hayan seguido produciendo con impunidad ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Según el ACNUDH en Colombia, desde septiembre de 2018, se han corroborado 7 asesinatos y otros 22 casos están en proceso de verificación. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total”, dice Antonio Guterres, secretario General de las Naciones Unidas  través del informe.

Según el documento, estos asesinatos se concentran principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia y coinciden con las zonas  abandonadas por las antiguas FARC y donde la presencia del Estado es limitada.

Para Guterres, esta situación ilustra la importancia de una efectiva implementación del ‘Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas’,  lanzado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre.

El secretario también invita a que se convoque en el menor tiempo posible la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), espacio que con la participación de altos funcionarios del Estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil, busca diseñar estrategias para hacer frente a la amenaza de los grupos ilegales y desmantelar la delincuencia organizada.

En el documento, la ONU, resalta la preocupación por homicidio de 14 exmiembros de las FARC. Dice que sumados a las antiguas cifras son  85 los asesinados. Los departamentos más afectados siguen siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Agrega que esta situación también requiere reforzar los esquemas y estrategias de seguridad para los excombatientes.

Como se ha expresado en informes anteriores, uno de los retos principales de la implementación, según las Naciones Unidas está relacionada con la necesidad de tener mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales.

Al respecto, el secretario general celebró que el actual Gobierno haya elaborado el plan ‘Paz con legalidad’, el cual, a partir de instrumentos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), promete un esfuerzo amplio y articulado para estabilizar y desarrollar las zonas más afectadas por el conflicto, incluyendo los compromisos adquiridos con las víctimas, las comunidades involucradas en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y los reincorporados.  

Sin embargo subraya la urgencia de traducir estos nuevos planes en medidas eficaces que cambien las realidades sobre el terreno.

El informe también reconoce que en el transcurso de los primeros 100 días de su Gobierno, el Presidente Iván Duque manifestó reiteradamente su voluntad de continuar con el proceso de paz en el marco de un programa más amplio enfocado en la equidad, la legalidad y el emprendimiento.

Con respecto a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, el informe señala que la situación en esos 24 espacios varía considerablemente y que se espera que las decisiones que se tomen con respecto a ellos y al futuro del estipendio mensual después del próximo 15 de agosto de 2019, se basen en una comprensión cabal de las condiciones de los distintos ETCR y de otros asentamientos rurales y urbanos, habida cuenta, en particular, de los atrasos en la reincorporación económica.

Frente a los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, el secretario general manifestó que, si bien las posiciones de ambas partes están hoy más alejadas de lo que han estado desde el inicio de los diálogos en 2016, es muy importante que los canales de comunicación sigan abiertos.

La ONU también indicó que queda mucho por hacer para consolidar la paz y que se requerirá un esfuerzo concertado en el que participen el Gobierno y otras instituciones estatales, los partidos políticos, el sector privado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional.