Tras la masacre ocurrida en Samaniego, Nariño, en la que ocho jóvenes fueron asesinados en una finca de la vereda Santa Catalina, la oficina de la ONU en Colombia solicitó que se diseñe una política pública para desmantelar las organizaciones criminales que afectan y atacan las zonas más vulnerables del país.

Naciones Unidas también condenó el continuo asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc en lo que va corrido del año 2020.

Según la ONU, se han documentado 33 masacres contra defensores de derechos humanos y se investigan otros 97 asesinatos.

Además, de acuerdo con la Misión de Verificación de Naciones Unidas, 41 personas en proceso de reincorporación fueron asesinadas en el primer semestre de 2020, para un total de 215 excombatientes asesinados tras la firma del acuerdo de paz en el año 2016.

“Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado”, afirmó en un comunicado el equipo de Naciones Unidas en Colombia.

La ONU hizo un llamado a cumplir los acuerdos de paz, en especial el capítulo 3.4, que estipula garantías e instrumentos para la protección y la seguridad de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, y a fortalecer las investigaciones y judicializaciones contra quienes están detrás de los ataques a las comunidades vulnerables en el país.