La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el aumento de asesinatos a defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios. 

Durante 2017, la Oficina registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. 

El organismo internacional también registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad; cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista. 

Las categorías de defensores más afectados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales; y las regiones donde más se vulneran estos derechos son Antioquia (13 casos) y Cauca (11), de los cuáles el 62 % de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 % en ciudades cercanas a zonas de conflicto y el 14 % en las ciudades principales. 

El informe revela que el 64 % de los asesinatos ocurrieron en zona de conflicto, donde hacía presencia el desmovilizado grupo de las FARC-EP. 

De acuerdo con el informe, estos casos ocurrieron debido a la falta de presencia estatal y demoras en la implementación del acuerdo de paz, lo que permitió el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales que buscaban asumir el control de las economías ilegales provocando aumento en la violencia. 

“Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del Acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral. Esto constituye una nueva tendencia en los móviles de los asesinatos”, se lee en el informe. 

Aseguró que en años anteriores la muerte de defensores de derechos humanos se registraba por oponerse a las políticas de Gobierno, no por apoyarlas. 

“Los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a exmiembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares en 54 casos”, confirmó la Oficina. 

El informe reveló que al ELN se le adjudican cuatro asesinatos, al desmovilizado grupos de las tres casos, mientras que el Ejército Popular de Liberación cuenta con un solo reporte, por su parte las bandas criminales tienen registro de 19 casos y a miembros de la Fuerza Pública tres casos. 

Según la Oficina, por estos hechos, miembros de la Policía y del Ejército están siendo investigados por 14 asesinatos cometidos durante las protestas sociales. En octubre, siete manifestantes fueron asesinados en Tumaco, (Nariño), en el marco de protestas en contra de la erradicación forzada. 

“En el último trimestre de 2017, la ONU registró cuatro masacres en el contexto de disputas por el control de economías ilícitas en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP (en Nariño y Cauca)”, aseguró el informe. 

En relación a ello, la Oficina del Alto Comisionado acogió con satisfacción la acción de la Fiscalía General de la Nación de priorizar las investigaciones que se adelantan alrededor de los asesinatos de los líderes sociales, del mismo modo celebró las 15 sentencias emitidas desde 2015 relacionadas con estos delitos, incluyendo cinco en 2017. 

Sin embargo, considera la Oficina que si bien se ha avanzado en la identificación del autor material de estos delitos, en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados. Por lo que la “ONU considera que la plena identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos es crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición”. 

Por otro lado, la Oficina reconoce los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, por proteger a los defensores de derechos humanos, sin embargo, señala que cuatro defensores que estaban bajo protección de la Unidad fueron asesinados en 2017. 

“Las víctimas con escoltas fueron asesinadas cuando los escoltas no estaban presentes, lo que indica que el uso de escoltas sí evita los atentados. También parece que los recortes presupuestales que ha sufrido la Unidad han tenido un impacto negativo en los esquemas de protección”, indicó el órgano. 

Por los actos delictivos ocurridos en el territorio nacional, la ONU recomienda que se modifiquen las medidas de protección en zonas rurales y que se fortalezcan las medidas de protección colectiva, como las guardias indígenas y afrocolombianas. 

“Las medidas de protección tienen limitaciones, puesto que los defensores de derechos humanos seguirán corriendo riesgos si no se abordan los factores estructurales de la pobreza multidimensional, las economías ilícitas, los vacíos de poder y la falta de presencia estatal”.