Ante el juez 45 de garantías fue presentada en la mañana de este martes la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, para que responda por varios delitos relacionados con presuntas anomalías en el tema de la contratación que se dio en el municipio guajiro de Albania. La Fiscalía la acusa de concierto para delinquir, peculado, celebración de contratos sin los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, entre otros.  

Al ser consultada por el juez del caso, Oneida Pinto se declaró inocente de los cargos que le endilgó la Fiscalía por lo que perdió los beneficios de la rebaja de pena y ahora debe celebrarse un juicio en su contra por lo que el ente investigador tendrá un plazo de 90 días para radicar el escrito de acusación.

Por ser el peculado el delito de mayor gravedad penal dentro del paquete de cargos del que la acusan la legislación colombiana prevé una pena máxima de 400 meses de prisión, pero debido a los vericuetos del resto de delitos la condena a la que se enfrenta Pinto oscilaría entre los 173 meses a 327 meses de condena.

Surtida esta etapa, el juez decretó un receso y se reanudará en la tarde donde se decidirá si le dictan medida de aseguramiento.

La historia se remonta a 2008 cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de esa población. El ente acusador señaló que ese año ella junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Erazo se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales.

“El trasfondo era que la contratación iba a ser manejado por Pinto. Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones”, explicó la fiscal.
Ante el estrado durante la imputación de cargos el ente acusador señaló que los contratos que se investigaron, el 07 de agosto de 2010 y el 010 de marzo de 2011, pese a que las obras quedaron inconclusas, se cancelaron en su totalidad por lo que se estima que hubo un detrimento patrimonial cercano a los 5.981 millones de pesos.

Las irregularidades también se evidenciaron en las interventorías de los contratos las cuales fueron a dar a manos de la fundación Princesa Negra, que fue creada en 2010 por Oneida Pinto. El nombre tiene relación con uno de los sobrenombres con los que se conoce a Pinto en La Guajira.

El ejecutor de los contratos era Fundasec cuyo contador, Humberto Tirado Pimiento, era el revisor fiscal de Princesa Negra.

“Los contratos se desfinanciaron porque los recursos de compra de materiales se usaron para la contratación de personas entre ellas mujeres en estado de embarazo y adultos mayores a quienes se les pagaba un salario así no ejecutaran los trabajos para los que fueron contratados”, expuso la fiscal del caso.

Entre las evidencias del ente acusador hay una serie de comprobantes de egreso cuyo concepto iba desde el pago a concejales y cancelación de servicios públicos a pobladores. La teoría de la Fiscalía es que esos montos estaban dirigidos a financiar una nueva candidatura a la Alcaldía.