Los grupos armados organizados que busquen acogerse al nuevo procedimiento de sometimiento ante la justicia que el Gobierno Nacional radicará en el Congreso, tendrán que cumplir requisitos estrictos para ello.

El borrador del proyecto de ley señala once requisitos para sujetarse de manera colectiva a la justicia.

En primer lugar, la manifestación expresa, libre, voluntaria y debidamente informada de sujetarse a la justicia. Segundo, “información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes”.

Además, individualizar a los miembros que se van a sujetar a la justicia, con sus respectivas actas, suscritas bajo su nombre, documento de identificación, firma y huella. 

Los interesados deberán detallar en la comunicación los delitos que reconocerán de manera colectiva o individual, “en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas”.

Igualmente, deberán incluir información que permita la identificación de las víctimas de los delitos que serán reconocidos colectivamente y una relación detallada de los bienes que han sido obtenidos producto de la comisión de crímenes y que serán entregados.

El proyecto de ley señala que se deberá entregar “información sobre otras actividades económicas y del mercado ilícito de las cuales derivan recursos para su financiamiento y articulación, así como la relación e información de los testaferros”.

Deben detallar la información sobre otras estructuras de apoyo, con énfasis en conexiones con servidores públicos. Además, se deberá identificar a los menores de edad que hagan parte de las organizaciones, que serán entregados para su protección.

Un elemento adicional importante reside en que las organizaciones criminales deberán hacer un plan de reparación para las víctimas.

El borrador señala que una vez se haga esta solicitud de sujeción, el Gobierno deberá analizarla y se podrá dar plazo hasta de un mes para subsanar errores. Se deja en claro que los bienes que entreguen serán sujetos de extinción de dominio.

Una vez estén listos los detalles, el Gobierno  dará a conocer el proceso de sujeción  y tendrá la potestad de designar a uno o varios delegados para el acercamiento con estas bandas, en una zona del país determinada por el Gobierno.