La constructora Odebrecht, protagonista del escándalo de sobornos más grande de América Latina, también habría realizado pagos por más de 20 años a las Farc a cambio de que les permitieran trabajar en las zonas dominadas por la guerrilla.

Según la revista “Veja” de Brasil Marcelo Odebrecht, cabeza de la constructora, reconoció que desde la década de los 90 se hicieron pagos mensuales de entre 50 mil y 100 mil dólares. Así se lo hizo saber al Procurador General de Brasil, quien ya inició las indagaciones formales por el tema.

“No son ilegalidades semejantes al pago hecho a políticos, pero tampoco se trata de una actividad limpia”, dijo la publicación brasileña.

Según la publicación brasileña, los pagos iniciaron luego de que dos de los funcionarios de la empresa fueran secuestrados durante un mes. Odebrecht negoció su liberación y, de paso, se acordó el pago de una suma mensual para que la guerrilla no interfiriera más con los negocios de la empresa.

“Los pagos eran hechos en efectivo directamente en los sitios de las obras amenazadas por el grupo terrorista (sólo en casos de grandes volúmenes como el pago del rescate, el Sector de Operaciones Estructuradas, conocido como departamento de pagos, era usado)”, detalló la revista brasileña que además detalló que esos dineros eran consignados en la contabilidad como tributos territoriales o costos operacionales.

La Ruta del Sol y el proyecto de navegabilidad del río Magdalena serían dos de los proyectos por los que las Farc recibieron sobornos.

Hasta el momento en Colombia sólo se tenía noticia de pagos de Odebrecht a funcionarios públicos y senadores a cambio de favorecimiento en licitaciones.

Según las cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que destapó el escándalo, de los 788 millones de dólares que la multinacional repartió en 12 países, aproximadamente 11 fueron pagados en sobornos en Colombia para obtener contratos de obras públicas.

Una de las obras señaladas fue la Ruta del Sol Sector 2, que se entregó en 2014 al consorcio Navalena, que es controlado por Odebrecht.

La justicia colombiana ha empezado a ‘barrer’ los contratos en los que ha participado la empresa y los indicios de corrupción podrían remontarse hasta la década del 90.