En diez puntos, el procurador Fernando Carrillo Flórez resumió la situación por la que hoy atraviesa la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de que este domingo el presidente Iván Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que conforma la Ley Estatutaria, que fue revisada por la Corte Constitucional y entregada al Congreso de la República el pasado diciembre. 

A juicio de Carrillo Flórez las objeciones presidenciales destaparán la brecha a “un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y abrirá un espacio a la inseguridad jurídica sobre cumplimiento de los compromisos al acuerdo final”. 

Para el jefe del Ministerio Público, esta acción da la oportunidad de “un debate inoportuno e inútil desconociendo el rol de la Corte Constitucional cuando ella será quien en últimas termine resolviendo este problema”. Argumentó, además, que se está entrando en el campo del irrespeto por las decisiones de la justicia cuando precisamente ya se ha registrado un control previo, exclusivo y sobretodo donde ya se presentó cosa juzgada. 

Carrillo Flórez consideró que si bien ha levantado su voz en contra de la JEP por algunas decisiones que esta ha tomado, no significa que deje de lado los compromisos que el ente que preside, tiene con las víctimas y con la propia justicia transicional.

“Levantar la voz en defensa del orden jurídico y de la institucionalidad, es hoy nuestra principal acción como Ministerio Público. No permitiremos dentro de esta confusión en la que se encuentra el país, que se confunda nuestra actuación con la defensa o sofisma de hacerle juego a la impunidad, reconociendo que se requiere ajustes a la JEP, pero sin abrirle una herida tan profunda a la institucionalidad democrática”, precisó. 

La decisión de Duque, agregó, genera un “gran debate” que a su juicio es muy simple, “lo primero que tendrá que determinar el órgano legislativo es si el Congreso debe dar trámite o no a esas objeciones”. Así las cosas, desde el Ministerio Público consideró que esto debe darse por medio de una salida institucional. 

Desde su despacho le propuso una iniciativa al presidente de la República que consiste en tener un acompañamiento de todos los sectores para evidenciar y modificar de ser necesario las actuaciones de la justicia transicional. 

“Señor presidente Duque usted ha dicho que quiere ser el adalid de los grandes pactos y acuerdos de Colombia (y) lo hemos creído, no pierda esa oportunidad de hacerlo, genere consensos a la hora de atender otras posturas. Usted que tanto criticó en un primer momento el que trataran de imponerse decisiones unilaterales en el pasado, convoque las fuerzas del país y en diálogo político con los partidos y en diálogo social con las víctimas, construya una agenda inmediata de ajustes y modificaciones a la JEP si es que ello es necesario”, argumentó Carrillo Flórez. 

Bajo ese entendido, el Procurador le expresó a Duque que si así lo cree conveniente se puede realizar la mejora que requiere la JEP, y que en días atrás fue conversado con la presidenta de la justicia transicional. Reiteró que de ser necesario tal actuación “estoy seguro que lo acompañará todo el país”. 

Por último, Carrillo precisó que, “con reforma o sin reforma seguimos convencidos que un delito sexual contra un menor no debe ser comprendido como un delito del conflicto armado, por lo que debe ser juzgado por la justicia ordinaria”.