El Ejército colombiano condenó  la conducta del coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos y el teniente coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz, todos retirados de la institución y capturados por la Fiscalía por el delito de obtención ilegal de información.

“Este comando rechaza de manera categórica todo tipo de conductas y acciones contrarias a lo preceptuado en la Constitución Política y la Ley”, indicó el Ejército en un comunicado.

La Fiscalía capturó el sábado pasado a los tres militares junto a María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, señalada de ser la “hacker” contratada para el robo de información.

Pérez, Quiroga y Salinas fueron enviados  a prisión por su presunta participación en las interceptaciones ilegales, mientras que a Pinzón le dieron prisión domiciliaria.

“Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento imputó cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicación, interceptación de datos informáticos agravado, acceso abusivo a un sistema informático agravado y violación de datos personales agravado”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Las investigaciones establecieron que los capturados utilizaban como fachada dos empresas de seguridad en Cali.

Asimismo, se descubrió que esta red tenía su sede en Ipiales (suroeste), donde accedieron a información sobre “movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales”.

En el comunicado, el Ejército reiteró que “no tolerará ninguna situación fuera de la ley, donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes, siendo implacable en la materialización de todas las acciones judiciales a las que haya lugar”.

Además, aclaró que Pérez Cardona, Quiroga Cubillos y Salinas Muñoz se retiraron de la institución por voluntad propia entre 2014 y 2017.

De otra parte, en Bogotá fueron allanadas las instalaciones de la empresa A&G Seguridad, al parecer de propiedad del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza Carreño.

La Fiscalía busca esclarecer la relación que pueda tener A&G Seguridad con las dos empresas registradas en Cali.

Lo que alertó a las autoridades 

De acuerdo con el fiscal General, lo que alertó al ente acusador y alentó las investigaciones fueron dos casos específicamente. Según las autoridades, el primero de ello tuvo fundamento en que, al parecer, el fiscal que lleva un proceso por actos de corrupción contra el gobernador de Nariño, fue interceptado en sus comunicaciones de manera irregular.

Y la otra hipótesis por la que surgió la investigación fue por una denuncia interpuesta el 4 de mayo 2017, por el robo de vehículos de carga en la carretera Panamericana, entre Nariño y Valle del Cauca.

Durante las indagaciones, los funcionarios de policía judicial de la Fiscalía obtuvieron, con aval judicial, varias conversaciones telefónicas de algunos de los responsables de los asaltos terrestres y se percataron que en los diálogos hablaban de una mujer de nombre ‘Mary’, y quien presuntamente era capaz de intervenir equipos móviles.