El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, reconoció que se está en mora de contarles a los colombianos las afectaciones ambientales que ha dejado la expansión de cultivos de ilícitos que también ha afectado a las zonas protegidas como los parques nacionales.

A su turno, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, insistió en que el aumento de los terrenos con sembradíos ilegales es lo que pone en riesgo los derechos de los colombianos y manifestó que el 69% de los departamentos nacionales tienen presencia de estos cultivos, siendo Nariño y Norte de Santander los que más hectáreas muestran.

“Colombia volvió a ser el mayor productor de coca del mundo y eso tiene una correlación directa con la criminalidad”, sostuvo el jefe de la cartera.

Y entre las medidas que se han adoptado señaló que con respecto a los grupos de erradicación, se pasó de 23 a 100, la expedición del decreto que prohíbe el porte de la dosis mínima y la decisión relacionada con el nuevo plan de las fuerzas militares y Policía para afectar la cadena de narcotráfico.  

Por su parte, el fiscal Néstor Humbto Martínez enfatizó que una de las soluciones en fortalecer la inversión social en aquellas regiones que han mostrado la presencia de cultivos.

“Colombia no es una sociedad viable con 200.000 hectáreas de coca. Los homicidios están creciendo a una tasa del 30% en territorios donde hay presencia de cultivos y en la Fiscalía hemos identificado que la autoría de estos crímenes está asociada a problemas de narcotráfico”, puntualizó el jefe del búnker.

Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, se refirió a estudios que se han adelantado sobre la incidencia de la exposición al glifosato en las comunidades y enfatizó que los resultados no han arrojado asociaciones que permitan deducir que el químico va en contra de la salud humana.