Entre enero y agosto de este año, se registró el desplazamiento forzado de 173.202 personas en Norte de Santander. Así lo mostró la Fundación Forjando Futuros, que opera desde 2005, y que le entregó un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que será la encargada de verificar las cifras y hallar responsables en los hechos. 

A juicio de la fundación, la década de los 80 fue donde más se registró vulneración a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo (Norte de Santander), esto producto de las incursiones armadas del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hoy extintas por el acuerdo con el Gobierno Nacional. 

Sin embargo, las cifras reveladas no escapan a una realidad que a juicio de la fundación sigue ocurriendo.

Por ejemplo, en Convención, entre enero y agosto de este año ha habido 21.173 desplazamientos forzados; en El Carmen tienen como registro en la misma fecha, 10.470 desplazamientos; en El Tarra 22.902 reportes; en La Playa 8.057, y en Ocaña 12.999 desplazamientos. 

Estas cifras hoy se encuentran en manos de la Jep, luego de que la fundación hiciera entrega formal de dos informes, uno que concentra la vulneración de los Derechos Humanos en más de 10 departamentos del país, y el segundo que contiene información sobre algunas empresas que tienen orden expresa de la jurisdicción especial de tierras de realizar sustitución a cientos de campesinos que fueron despojados de sus predios producto de la guerra. 

Otro reporte de la fundación que basa sus cifras en las obtenidas por la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), da cuenta que tres municipios del Cauca, tienen cifras altas en razón al desplazamiento, por ejemplo, el informe dice que López de Micay, uno de los municipios de la costa pacífica, tuvo 21.360 desplazamientos forzados, seguido de Guapi con 17.955 reportes y Piamonte con 8.974. 

Lo que llama la atención de la fundación es que en ninguno de los casos de desplazamiento hay investigaciones abiertas, considerando que ocurrieron entre enero y septiembre de este año. 

La JEP no solo tiene en su poder las cifras reveladas por la fundación sino también pistas de quienes estuvieron tras los desplazamientos y actos que fueron producto del conflicto armado, por ejemplo, la fundación atribuye el abandono forzado en el Valle del Cauca a la incursión armada del bloque 6 y 30 de las Farc, al mando de alias ‘Richard’ y alias ‘Mincho’, quienes tenían vínculos con el narcotráfico, producían y traficaban con cocaína y marihuana, mutando a las emergentes bandas criminales como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’.

La fundación solicitó a la Jep tener en cuenta cada uno de los reportes.