La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, advirtieron que el no procesamiento de más de 19.000 pruebas contra el COVID-19, habrían generado una pérdida al Estado por más de $4.000 millones.

De acuerdo a los dos entes de control, las muestras tomadas no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.

El contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Procurador Fernando Carrillo Flórez, advirtieron que los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben ser gestionados con rigor y eficiencia. “Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos”, señalaron en un comunicado.

Cúcuta será parte de estudio de seroprevalencia de COVID-19Se evidenció además que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frio y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

Para la Procuraduría y la Contraloría, pese a que desde el inicio de la pandemia han venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, aún persisten grandes fallas lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, toda vez que cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud sí incurrió en costos económicos.

Finalmene señalaron que “exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Instituto Nacional de Salud para el manejo del Covid-19”.