El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó que no existe riesgo de que “civiles inocentes” mueran durante operaciones, después de que The New York Times señalara que el Ejército pone en riesgo la vida de esas personas al exigir a altos mandos mejorar sus resultados.

“No hay ningún riesgo de que vayan a caer civiles inocentes. Inclusive nosotros dentro del marco operacional si vemos que hay algún riesgo contra la población civil preferimos cancelar una operación y no la hacemos porque no queremos que vayan a caer civiles inocentes”, aseguró Navarro.

El oficial agregó que las autoridades evalúan incluso los posibles “daños colaterales” de una operación, que determinan si ésta es viable o no, pues tienen como objetivo llevar “la mejor seguridad” a los colombianos.

“No podemos hacer usos ilimitados de fuerza”, subrayó Navarro.

El pasado sábado el periodista Nicholas Casey, de The New York Times, publicó un artículo en el que, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando “otra encarnación” de los llamados “falsos positivos”.

Así es como se conoce al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por la fuerza pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y conseguir el reconocimientos de sus superiores.

Según el texto del diario, en la institución existe una orden para que los militares no “exijan perfección” al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos uniformados han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

Ante esta afirmación, Navarro dijo que no hay operaciones de inteligencia “perfecta” y mencionó variables como el “tiempo atmosférico, la iluminación y velocidad de viento para la entrada de aeronaves”.

“Nosotros lo que le estamos diciendo a los comandantes es que deben lanzar las operaciones con un nivel razonable de duda en la certeza de esas variables que le acabo de decir”, agregó.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que “siempre hay certeza en el objetivo” y reiteró que la fuerza pública busca proteger los derechos, por lo que los uniformados reciben formación en esa área.

“Hemos capacitado en lo corrido de este año a 115.000 personas, hemos realizado 38 talleres y además hemos formado 177 asesores en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, acotó Botero.

El ministro afirmó que, además, la directiva de las fuerzas militares privilegia las desmovilizaciones y capturas antes que las bajas en combate, y resaltó que durante el Gobierno del presidente Iván Duque se han incrementado en un 141 % las detenciones.

La Fiscalía colombiana investiga cerca de 5.000 casos de “falsos positivos”, de los cuales la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha recibido información de 2.200 que, por el momento, se encargará de juzgar.

Estas cifras contrastan con las de la ONU, que en 2011 aseguró que se investigaban al menos 3.000 “falsos positivos”.

El organismo internacional precisó luego que las estimaciones cifraban estos hechos en unos 4.200.