Este viernes el presidente Iván Duque recibió el informe que presentó la Comisión que designó para que se investigará si al interior del Ejército sí se estaban registrando actos que puedan terminar en los denominados falsos positivos. La Comisión confirmó que no se han presentado estos hechos. 

La Comisión integrada por los juristas Alfonso Gómez Méndez, Mauricio González, Hernando Yepes y Felipe Ortegón Pulido, llevó a cabo su trabajo ‘ad honorem’ y de forma independiente concluyó que “el conjunto normativo-operacional de las fuerzas miilitares y de policía de Colombia, guarda armonía con los principios y reglas del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. 

Entre las principales conclusiones los juristas aseguraron que se destaca que las normas, reglas, indicaciones y procedimientos regulatorios y orientadores de las operaciones de combate significan un avance importante de adecuación a los estándares requeridos para la garantía y protección de los derechos humanos. 

Consideraron además que, en el marco del derecho militar vigente, no existen vacíos u omisiones del derecho operacional que permitan que haya actos o abusos de poder, uso indebido de la fuerza y homicidios fuera de combate, los cuales puedan ser presentados como resultados operacionales. 

"Por el contrario, tienen inequívocamente el carácter de transgresión a este complejo normativo, que consideramos estrictamente apegado al principio de legalidad". 

Con relación a los documentos operacionales sobre exigencias o mediciones de resultados que han sido objeto de polémica pública en tiempos recientes, la Comisión consideró que tales instructivos 'no autorizan, prohíjan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate, conocidas como ‘falsos positivos’". 

Así las cosas, la Comisión halló “imprecisas determinadas expresiones que, apreciadas fuera del contexto teórico operacional, generaron equívocos y, por ello, estimó infortunada la expedición de tales contenidos en los instructivos mencionados, de lo que dio cuenta la preocupación en algunos sectores de la opinión pública nacional e internacional”. Por lo que se considera un acierto haber procedido a su retiro, en la idea de que “no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestra Fuerzas Militares y de Policía”. 

Del mismo modo, la Comisión registró que, específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha, no ha hallado queja, denuncia o noticia indicativas de la posible reproducción de este "fenómeno atroz de los “Falsos Positivos”, cuya “No Repetición” es un propósito nacional y de Estado que debe ser materia de la más continua y estricta vigilancia". 

Pese a que la comisión no halló elementos que deban preocupar al gobierno sí consideró que debía hacer una serie de recomendaciones. 

“Es importante reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública a la luz de las nuevas realidades del fenómeno criminal que se presenta en Colombia, tras las desmovilizaciones de organizaciones ilegales paramilitares y guerrilleras de los últimos tres lustros y la emergencia o el resurgimiento de otras organizaciones armadas, a partir de los objetivos estratégicos ya definidos en la ‘Política de Defensa y Seguridad’ de 2019”, dice el documento allegado a Duque. 

Igualmente, los miembros de la Comisión coincidieron en que los sistemas de medición de resultados operacionales deben incluir criterios expresamente vinculados al Plan de Atención Oportuna (PAO), en orden a la prevención, protección individual y colectiva de grupos amenazados, de acuerdo con las particularidades de los territorios que corresponda, para continuar avanzando en la seguridad y protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. 

También dice el documento que se debe reforzar el fortalecimiento del control interno en las diversas áreas de la Fuerza Pública apunta a lograr mayores niveles de efectividad de la normativa operacional, hacer más visible su actividad y prevenir al máximo la ocurrencia de conductas apartadas del DIDH y el DIH. 

Pese a todo ello, y que para el Gobierno la información entragada por parte de la Comisión sea positiva, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, consideró que el informe tan solo evalúa dos de los documentos que se han conocido de manera pública. 

En cuanto a la evaluación de dichos documentos, Vivanco consideró que los juristas cometieron "errores y omisiones". El primero de ellos consiste en que el "informe dice que los formatos del Ejército privilegian las capturas y desmovilizaciones sobre las muertes. Falso, eso NO está explícitamente en esos formatos como bien explicó", publicó Vivanco en su cuenta de Twitter. 

Y el segundo, según HRW, es que "en cuanto a la orden de no exigir perfección en las operaciones —lo cual expone a población civil— el informe dice que es un tema de “inteligencia” y no de tolerancia en las operaciones. ¿Entonces por qué la orden está bajo el título operaciones y no de inteligencia?". 

Por otro lado, Vivanco también expuso que la Comisión "olvidó evaluar estos documentos que ya eran de conocimiento público: 1. Orden de doblar los resultados operacionales y 2. Presentaciones de las brigadas sobre cuántos días llevan sin combatir". 

El delegado internacional quien mostró su inconformismo sobre el informe por medio de un hilo en su cuenta oficial de Twitter, dijo que a los juristas se "les olvidó" evidencias que también eran de conocimiento público y que corresponden a las denuncias de soldados sobre incentivos (vacaciones) para las tropas que reportan resultados y los ranquins de las brigadas en función de los resultados operacionales, incluidas muertes.