El fiscal general de la Nación (encargado), Jorge Fernando Perdomo, es enfático al señalar que el ‘Clan Úsuga’ y las bandas criminales no recibirán trato político. Dijo que la única opción de esos grupos es el sometimiento a la justicia ordinaria.

Perdomo, quien el encargo el pasado 29 de marzo, reveló que abogados y emisarios de otro tipo de los cabecillas del ‘Clan Úsuga’ han hecho acercamientos al ente acusador, pero que no han prosperado, dado que la Fiscalía ha fijado que los integrantes de la banda criminal deben ser juzgados en el sistema penal ordinario, descartando cualquier posibilidad de que comparezcan en una justicia transicional.  

El funcionario también explicó que clasificar a las bandas criminales, como paramilitares es una “imprecisión”, dado que la Fiscalía y la Policía han determinado que esas organizaciones están dedicadas principalmente al tráfico de droga.  

¿Cuál es la lectura de la Fiscalía del reciente paro armado llevado a cabo por el ‘Clan Úsuga’ y de la fuerza que ha alcanzado ese grupo?

Mi lectura es sencilla: esta banda criminal surge cuando los paramilitares se desmovilizaron; entonces, Vicente Castaño no tenía claridad si ese proceso iba a salir adelante, por eso le dijo al ‘Bloque Centauros’ que se quedara a la retaguardia, porque se dio cuenta que los bastiones paramilitares estaban siendo cooptados por otros grupos  delincuenciales, por ejemplo ‘Los Rastrojos’, del norte del Valle; iban a lugares de donde los paramilitares se habían ido, para captar sus negocios ilícitos. En 2007 Vicente Castaño cito una reunión de los bloques, pero fue asesinado; la reunión se hizo, se rearmaron y pusieron a ‘Don Mario’ a la cabeza, después él es capturado, y asume alias ‘Geovanny’ (Juan de Dios Úsuga); luego él es abatido y asume su hermano, Dairo. Cada vez que matan o capturan a un cabecilla de la organización, declaran paro armado, como ocurrió ahora por Jairo Durango Restrepo, alias 'Guagua'.

¿Cómo clasifica la fiscalía al ‘Clan Úsuga’?

Esta es una organización delictiva dedicada principalmente al narcotráfico, que no tiene una estructura tradicional, sino que funciona con redes de apoyo que subcontratan personas para la delincuencia; por ejemplo, los sicarios en Santa Marta no son integrantes directos del ‘Clan Úsuga’, pero son personas que hacen parte de una política de control de la droga.

¿Se pueden clasificar como un grupo al margen de la ley con inclinación política?

Este grupo no tiene una filosofía política. Para la Fiscalía, el ‘Clan Úsuga’ sigue siendo una banda narcotraficante, al margen de que en algunas regiones manejen trata de personas, comercio de armas, extorsiones, microtráfico y muchas otras formas de delincuencia.

¿Los abogados de ‘Otoniel’ se han comunicado con la Fiscalía, para su entrega?

A la Fiscalía han llegado abogados y emisarios que dicen que se quiere someter, pero lo plantean en término de negociación y la Fiscalía tiene muy claro que no va a negociar, ni está pensado en una desmovilización. Con estas organizaciones delincuenciales solo puede haber sometimiento, bajo las leyes generales del código de procedimiento penal, nada de justicia transicional.

¿Se puede hablar de un resurgimiento del paramilitarismo en el país, con estos grupos?

Tenemos claro que todo lo que está pasando con las bandas criminales, ocurre por la situación que atraviesa el país, en el marco de las negociaciones con las FARC. No niego que algunas de estas organizaciones tengan exparamilitares en sus filas, incluso ‘Otoniel’ no empezó siendo paramilitar, sino guerrillero del EPL (Ejército Popular de Liberación), por eso en algunas comunicaciones salen con discursos ideológicos, como queriendo meterle política, pero es claro que estas organizaciones no corresponden a lo que entendimos antes como paramilitarismo. Cuando se dice que volvió a aparecer este flagelo, creo que es impreciso, aquí hay organizaciones con integrantes que pertenecieron a los paramilitares, pero que ahora solo se pueden enmarcar dentro de la delincuencia organizada.

¿Pero los recientes asesinatos de defensores de derechos humanos fueron cometidos por integrantes de las bandas criminales o por paramilitares?

Frente al tema de los defensores de derechos humanos, estamos estableciendo si hay algún patrón y, hasta ahora, no se ha determinado. Este año se han reportado doce homicidios de este tipo; la Fiscalía ha establecido que los asesinatos están ocurriendo y que pueden ser atribuibles a diferentes grupos delincuenciales. No estoy diciendo que las bandas criminales no estén haciendo persecución a los defensores, lo que pasa es que eso tampoco los haría paramilitares. Para enmarcarlos así, habría que analizar el inicio de los paramilitares, como autodefensas en respuesta a los grupos guerrilleros.

Esas y otras noticias recientes revelan un panorama muy complejo para la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué hace la Fiscalía para enfrentar esa realidad?

Desde hace ya muchos años el crimen en Colombia y en el mundo cambió radicalmente: los protagonistas dejaron de ser individuos y pasaron a ser las organizaciones, con orígenes y tamaños diversos. Hoy son las grandes generadoras de la delincuencia. Pese a esos cambios, los modelos de persecución tradicional no habían sido reformados para responder adecuadamente. Este objetivo hace parte de una política pública en la que la Fiscalía es fundamental. La Fiscalía está preparada para afrontar los desafíos actuales, porque llevamos más de cuatro años luchando de manera frontal y total contra el crimen organizado, a partir de un enfoque holístico y proactivo. Esto significa que hoy la Fiscalía cuenta con planes de investigación estructurados que le permiten establecer, no solo las conexiones entre distintos hechos y determinar roles específicos de las personas en las estructuras delincuenciales, sino también atacar sus finanzas y recursos. El punto de partida fue la identificación y caracterización de las organizaciones. Al inicio del 2012 identificamos 35 grandes estructuras, mientras que hoy solo quedan tres. Tenemos mapeado y analizado el crimen organizado en 350 municipios. Gracias a ello, contamos con más de 10.000 imputaciones en grandes organizaciones y 7000 sentencias condenatorias. Los resultados son igualmente buenos en cuanto a las organizaciones pequeñas, como combos y bandas locales. Es cierto que los retos son inmensos, pero los resultados también lo son. Vamos por buen camino.

Los Procesos de paz

Recientemente se realizaron macro-imputaciones contra dirigentes del ELN. ¿Cómo influirán las investigaciones en el desarrollo de los diálogos con esa guerrilla?

Déjeme decir primero que celebro el anuncio hecho por el Gobierno y el ELN de dar inicio a una etapa formal de diálogos de paz. Si uno repasa la historia entiende que es algo muy meritorio sentar al ELN en una mesa de negociación. Además, si esto sale bien, como esperamos que sea, Colombia tendrá una paz más completa e incluyente. Sobre su pregunta, las investigaciones contra el ELN y las imputaciones contra los miembros de su comando central (COCE) se van a hacer como están planeadas. Consideramos que tener claridad acerca de cuál ha sido el contexto en el que el ELN ha actuado, es fundamental para el proceso de negociación y para la forma como funcione con posterioridad el sistema de justicia transicional. Y en el eventual escenario de que no se concrete nada con esa guerrilla, quedarán listas las imputaciones por crímenes internacionales.

¿Pero cambia en algo el proceso contra dirigentes del ELN por la apertura del diálogo?

Si la pregunta es si vamos a suspender las imputaciones contra el ELN la respuesta es no. La determinación de la Fiscalía de hacerlo frente a los cabecillas de las FARC se tomó en una etapa muy avanzada de las negociaciones, cuando ya había unos acuerdos muy claros en materia de justicia. Además, solo se suspendieron las imputaciones, las investigaciones continúan su curso. Para tomar una decisión en un sentido similar en el caso del ELN, tendríamos que esperar a que ese proceso madure y a que sea clara la disposición de ponerle fin a la guerra. La Fiscalía seguirá de cerca esas negociaciones, pero entretanto continuaremos con las imputaciones que anunciamos en relación con los ataques contra la infraestructura petrolera. Además, seguiremos impulsando las otras investigaciones en curso: la Fiscalía investiga ocho patrones de criminalidad entre los que se encuentran el secuestro, la desaparición forzada y el reclutamiento de niños y niñas.

¿Qué ha pasado con las investigaciones contra los jefes de las FARC?

Diversas direcciones del más alto nivel en la Fiscalía están avanzando en la construcción de macro informes de contexto sobre las FARC. Son documentos judiciales de un gran valor, elaborados por equipos interdisciplinarios, que tienen como propósito mostrar la historia delictiva de las FARC, sus alianzas, sus modos de operar y las personas involucradas. Hay un importante resultado en reclutamiento ilícito, narcotráfico, violencia sexual y desaparición forzada. Estos documentos serán un insumo clave para el trabajo del sistema de justicia transicional y serán presentados tan pronto entre en funcionamiento y existan los desarrollos legales que precisen la forma como la Fiscalía debe intervenir. De otra parte, estamos elaborando una serie de perfiles sobre los jefes de las FARC, que serán también un material valioso para los procesos que se sigan contra los miembros del Secretariado.

¿Cómo se articulará ese trabajo investigativo de la Fiscalía con la justicia especial de paz?

Todo el trabajo es para convertir a la Fiscalía en una Institución para la paz. Nuestro reto es múltiple y muy difícil. Debemos reconstruir el contexto en el que actuaron las FARC, para presentarlo en la jurisdicción para la paz. Además, debemos preparar a la Fiscalía para que responda en el posconflicto a todas las eventualidades que puedan presentarse. Por ejemplo, debe reaccionar cada vez mejor frente a la amenazas contra defensores de derechos humanos. También debe ser cada vez más competente para atacar a las bandas criminales existentes y a aquellas que puedan conformarse en el futuro. El trabajo que estamos haciendo le abonará el camino y hará más ágil la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Futuro de la Fiscalía

¿Qué opina de las diversas voces, la mayoría críticas, que han surgido en relación con la gestión reciente de la Fiscalía?

Soy una persona que cree en la democracia y que respeta el control y la crítica ciudadana frente al poder público. Sin embargo, creo que algunas críticas a la gestión de la Fiscalía en los últimos cuatro años estuvieron basadas en desinformaciones y verdades a medias. Precisamente en estos días hemos enviado a los medios de comunicación un resumen del informe de gestión de este cuatrienio. Son esas cifras las que deben iluminar el debate de lo que se ha hecho. En lo personal, estoy orgulloso de haber sido vicefiscal durante estos cuatros años y estoy convencido de que los nuevos enfoques en investigación penal que implementamos, como la investigación en contexto y la asociación de casos, nos han permitido ser más eficientes en la lucha contra la criminalidad. Respeto las críticas, pero creo que deben complementarse con todo este cúmulo de información y cifras que estamos entregando, para que sea la opinión pública informada la que juzgue esta gestión.

Entonces, considera que debe darse continuidad a los procesos en la Fiscalía…

El proceso de modernización y el nuevo modelo de investigación en contexto es el método más efectivo para luchar contra la impunidad. Y como le dije en la respuesta anterior, las cifras hablan por sí solas: hoy la fiscalía imputa más, acusa más y obtiene más condenas. Quien sea elegido como fiscal general, debe pensar en la fiscalía como institución. El rol del fiscal general es guiar técnicamente la institución, administrar justicia, ejecutar las políticas criminales y reducir la impunidad.

¿Encarnaría usted esa continuidad?

La Fiscalía realiza una labor tan compleja que no es serio sostener que deba mantenerse una única línea de acción. La criminalidad cambia y evoluciona y la Fiscalía debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a esos cambios. Deberá ponerse todo el empeño en adoptar políticas inteligentes y estratégicas que busquen eliminar aún más la impunidad y aumentar los niveles de seguridad ciudadana. Si para hacerlo es necesario mantener una continuidad o hacer una ruptura en alguno de los procesos pasados, será algo que con total autonomía e independencia debe evaluarse en su momento. El proceso de modernización, pese a sus claros avances, es todavía un proceso inacabado.

¿Durante su trabajo como encargado, tomará decisiones de cambio de fiscales en el trámite de casos especiales que vienen siendo investigados?

Los casos y nuestras investigaciones seguirán su curso normal y no habrá ninguna variación en ese sentido. En principio, creo que no es necesario hacer cambios en esa materia. En todo caso, la Fiscalía no puede paralizarse en estas semanas y por eso, si es necesario hacerlo, evaluaré prudentemente si es adecuado variar a algún fiscal o directivo de la fiscalía.

*Bogotá | Colprensa