A las 8:00 de la mañana de este lunes empezó la reunión entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el fiscal Fabio Espitia y los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional en donde se expondría la serie de interceptaciones que, presuntamente, han tenido los juristas de la corporación.

Dos horas y media más tarde culminó la reunión y en los pasillos del Palacio de Justicia apareció el fiscal Espitia quien en un principio se rehusó a responder, pero cuando se decidió a hablar sorprendió con una de sus declaraciones en la que, prácticamente, desmintió lo que dijo el jefe del bunker.

Según él, la Fiscalía no tiene certezas de que hubo chuzadas ilegales en contra de los magistrados. "Estamos indagando. No puedo en este momento establecerlo. Si tuviésemos una hipótesis de eso sería irresponsable comentarlo", dijo Espitia.

Sobre el encuentro con los togados señaló que fue de carácter informativo, en el cual se recibieron las inquietudes legitimas de los magistrados de la Sala y consideró que verificarán si es necesario revisar los celulares de los juristas.

"Son aspectos que miraremos. En la medida de lo posible trataremos de no ser intromisivos (sic) en las labores y en la actividad privada de los magistrados", argumentó.

Sobre la famosa tutela por la cual estarían siendo intervenidos, el fiscal dijo no conocer de la misma y fue enfático al señalar que en caso de tener información tampoco saldría a la luz.

Pese a que dijo que se han tomado acciones desde tiempo atrás, presuntamente desde enero pasado, la preocupación que han manifestado los magistrados no es en vano. Incluso se ha llegado a conocer que el magistrado Alberto Rojas Ríos ha sido amenazado, situación ya conocida por la Fiscalía. "Vamos a mirar el carácter de la amenaza", dijo Espitia.

La reunión se programó el jueves pasado, momento en el que la presidente de la corporación, Gloria Stella Ortiz, decidió hacer públicas las denuncias de sus compañeros.

Lo que en su momento dijo el fiscal es que serían "dos personas miembros de una organización criminal" quienes estarían detrás de las interceptaciones, pero según Espitia no tiene certeza que existan.