Aunque Colombia tenga progresos en la implementación de la paz, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el año 2018 se registraron 77.107 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años víctimas del conflicto armado.

En el marco de la conmemoración del día de las víctimas, expertos internacionales y nacionales, invitados al III Seminario Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de la Infancia: ‘Desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado’, rechazaron estas cifras.

Durante el encuentro se destacó que en Colombia en 2018 se presentaron aumentos en las violaciones a la niñez por parte de grupos armados post-desmovilización, paramilitares, grupos armados locales, el Eln, el Ejército Popular de Liberación (Epl) y las disidencias de las Farc, en los que las niñas llevaron la peor parte.

“La ONU comprobó más de 400 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes, las cuales incluyen asesinatos, mutilaciones, uso, secuestro, violencia sexual, negación de asistencia humanitaria y también ataques a escuelas y hospitales”, señaló Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, en un mensaje enviado a los expertos reunidos en Bogotá.  

También manifestó que le preocupa “la situación en algunas zonas fronterizas en conflicto, en donde los migrantes y los refugiados, especialmente los niños, niñas y adolescentes, enfrentan riesgos tales como reclutamiento, uso y violencia sexual”.

Retos

Ante este panorama en medio de la intensión de construcción de paz, los expertos explicaron los desafíos, en dónde se resalta la persistencia del conflicto armado con la reconfiguración de los actores armados ilegales que buscan ejercer control sobre los territorios y las grandes rentas de economías ilegales (cultivos ilícitos, minería ilegal, contrabando, producción y comercialización de narcóticos).

Señalaron el insuficiente conocimiento aplicado de los derechos de la niñez y del enfoque diferencial por parte de servidores públicos y contratistas, sumado a la histórica debilidad y ausencia de las instituciones sociales del Estado en zonas continuamente victimizadas; y altos índices de inequidad y la grave situación humanitaria de migración de la población venezolana y la colombiana retornada.  

“Tenemos un debilitamiento del Estado que se refleja en el poco control territorial, la violencia y la destrucción del tejido social. La fragilidad del Estado es lo que genera dinero, no la hoja de coca; por eso en México tenemos una crisis de derechos humanos y en Centroamérica y Venezuela un éxodo, y eso no es un tema aislado, tiene que ver con todos nosotros, con niñas y niños”, señaló Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la red de organización en pro de la niñez.

A él se sumó Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia de Colombia, quien destacó que la desconexión entre las normas y la realidad es otra razón por la que se ve afectada la niñez.

“En la última década 65.000 menores de 14 años fueron madres y las instituciones de salud no lo comunicaron, a pesar de ser un delito. El ADN del niño que nace es del agresor y sería una prueba sencilla para mostrar quién fue el agresor sexual, pero llevamos dos años tratando que nos pasen la base de datos y no se hace, porque se alega la reserva de identidad. Abrazamos la esperanza de la paz, pero el ELN y las disidencias están en una continuo enfrentamiento, como ocurre en Chocó donde los niños se ven en la mitad del fuego”, señaló.

Con respecto a las acciones a emprender para afrontar la situación, los expertos indicaron que en primera medida se debe entender a los niños como seres sujetos de derechos con garantía de esto. De igual forma, propusieron que de manera particular las afectaciones de las niñas en el conflicto sean tratadas, porque existen evidencias sobre los mayores impactos que tiene sobre ellas.

Luego de las cifras positivas entre 2015 y 2017 (producto de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc), de acuerdo con Coalico, en 2018 se reportaron 50 eventos relacionados con vinculación y reclutamiento, 28 de uso de menores en campañas cívico-militares, 66 desplazamientos forzados, 29 violaciones contra el derecho a la vida y la integridad personal, 21 ataques y ocupaciones a bienes civiles (como escuelas y hospitales), 10 bloqueos de suministros y servicios básicos, siete violaciones contra la libertad personal y tres contra la libertad sexual.