Este 30 de enero, el OPROB hizo la presentación del informe de monitoreo y seguimiento que realizó durante tres años para identificar el estado de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las posibilidades que tienen de ser víctimas de reclutamiento y el riesgo de sufrir violencias derivadas del conflicto. 

El estudio se realizó en los departamentos de en Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Nariño.

De acuerdo con Olga Silva, miembro de Humanidad Vigente Corporación Jurídica, “el reclutamiento y la utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sigue siendo una práctica generalizada y sistemática que se adapta con las nuevas demandas del conflicto armado. 

Las amenazas, las falsas promesas de mejores condiciones de subsistencia, la irrupción en escuelas y la ausencia o débil presencia del gobierno ha hecho que miles de niñas, niños y adolescentes pasen a ser parte de las filas de dichos grupos armados”.

Para realizar el monitoreo y la verificación, las organizaciones participantes del proyecto tuvieron en cuenta tres aspectos claves. 

El primero de ellos se basa en la utilización y reclutamiento; el segundo, en las distintas violencias que pueden estar asociadas al conflicto; y el tercero, en el seguimiento a la situación de las niñas, niños y adolescentes en el contexto del posacuerdo.

Con respecto a las cifras de reclutamiento, el OPROB halló que entre 2017 y 2019, los municipios que tuvieron el mayor riesgo en esta práctica fueron Buenaventura, en Valle del Cauca; Tibú, El Tarra y La Gabarra, en Norte de Santander, y San Andrés de Tumaco, en Nariño.

La Defensoría del Pueblo había advertido de la presencia y accionar de distintos grupos armados ilegales en estos municipios.  Por su parte, el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Niñez y los Conflictos Armados, muestra al Eln (182) como el principal reclutador, seguido de las disidencias de las Farc (82) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- (47) en 2018 y 2019.

Jóvenes venezolanos involucrados

El informe halló también que gran parte de los niños y jóvenes reclutados son provenientes de Venezuela. Las zonas en las que se ha presentado este fenómeno son  en Tibú y El Tarra en Norte de Santander.

“Dentro de los hallazgos realizados, logramos identificar un alto número de niños, niñas y adolescentes venezolanos que se encuentran en zonas de cultivos ilícitos y se están vinculando a las dinámicas propias de la producción de la hoja de coca o en actividades irregulares en zona fronteriza en los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander. 

Sobre estas prácticas hay que prestar bastante atención, porque son un factor de riesgo para niñas, niños y jóvenes de la zona”, manifiesta José Luis Campo de Benposta Nación de Muchachos, organización ejecutora del proyecto.

Violencia sexual y falta de garantías siguen en aumento

En cuanto a las violencias asociadas al conflicto armado, se estableció que se presentaron 184 casos en los 5 departamentos, en los cuales las mujeres y las niñas fueron las principales víctimas de delitos sexuales; de estos, (101) corresponden a las Fuerzas Militares; 55 a grupos de delincuencia organizada y 28 a grupos al margen de la ley. Lo más grave es que hay un subregistro en el número de casos.

“En los territorios, los miembros de las comunidades y de las instituciones educativas indican que no se atreven a denunciar los casos de violencia sexual por la presencia y las amenazas de los actores armados, la falta de una acción efectiva de las autoridades judiciales contra los responsables, y la falta de confianza en las instituciones públicas”, manifiesta Sandra Patricia Mojica, gerenta del Programa de derecho a Justicia de Oxfam en Colombia.

Además, señala que se han evidenciado distintas dinámicas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por los grupos armados; e indica un aumento en las amenazas contra la integridad de mujeres y niñas que sostienen relaciones sentimentales con miembros de grupos armados ilegales. Otro aspecto preocupante revelado en el informe es que en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca,  se registró el mayor número de hechos que afectaron el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes como desplazamiento, homicidios, deserción escolar y explotación de minas antipersona.

Amenazas en Cúcuta y Puerto Santander

Así mismo, en las zonas rurales de municipios como Cúcuta y Puerto Santander, las amenazas a docentes y la aparición de panfletos que obligaban a suspender clases, dejaron a cerca de 1.110 niños, niñas y adolescentes sin estudio.Por otra parte, el OPROB realizó un análisis con información actualizada del ICBF, solo hasta la mitad del 2018, y evidenció que en 2017 ingresaron más niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados que en 2018. 

A pesar del desarrollo de la actualización de la política pública de prevención del reclutamiento y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados, se continúan presentando dificultades en los territorios que afectan la articulación interinstitucional y la seguridad de las entidades y/o personas.

Finalmente, el informe recomienda garantizar y formar en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en sus entornos, fortalecer herramientas de protección integral en territorios con presencia ocasional, transitoria o frecuente de grupos armados organizados, establecer acciones para prevenir la violencia intrafamiliar, en especial la violencia contra niños y niñas (físico, sexual y psicológico) y generar mecanismos de articulación intersistémica para la ejecución de tácticas de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en el marco de la política.