Atestiguar un robo en una finca se convirtió en una pena de muerte para un niño indígena de 13 años, a quien los ladrones le segaron la vida para no dejar evidencia de sus fechorías. El crimen sucedió en Vichada, en el oriente de Colombia, y la Fiscalía informó que este sábado capturó a tres de los responsables, los cuales fueron enviados a prisión.

Según el informe oficial del caso, esta historia comenzó el pasado 23 de junio en el municipio de Cumaribo. Un grupo de delincuentes irrumpió en la finca La Peña del corregimiento Inspección Guanape, a siete horas de selva del casco urbano. Iban armados con arcos y flechas y saquearon el lugar.

Lisbeth Bernal Castro, directora Seccional de Fiscalías de Vichada, detalló este lunes que los agresores, varios de ellos pertenecientes a la etnia Piapoco, venían atacando hacía tiempo varios poblados de campesinos e indígenas, aunque no aclaró el motivo.

Mataron animales y se robaron otros, también empacaron la comida que vieron a su paso. En medio del vandalismo, los invasores se percataron de que un niño los observaba. El infante, miembro del pueblo sikuani, fue golpeado y raptado a la fuerza.

Cuando cesó la incursión ilegal, sus familiares y amigos lo buscaron monte adentro, sin éxito. Al día siguiente un lugareño se topó con el horror que nadie esperaba: el pequeño cadáver estaba dentro de la cueva de un ocarro, una variedad de armadillo gigante que habita los Llanos Orientales.

La causa de la muerte fueron heridas con arma cortopunzante en el cuello. Según la fiscal Bernal, los verdugos intentaron decapitarlo y después lo metieron a la madriguera.

Los agresores tenían intimidada a la población para que no denunciara, pero dos meses después la Fiscalía y la Policía lograron los primeros resultados, gracias a pacientes conversaciones con la comunidad, que terminó colaborando.

Una vez identificados los sospechosos, el fiscal local de Cumaribo y un puñado de policías y soldados se desplazaron a la zona, vadeando ríos y junglas durante seis días. Convencieron a los gobernadores de los cabildos que permitieran el operativo, pues en esos territorios se suele aplicar la justicia indígena.

Para sacar a los indiciados del área hubo otro calvario. La travesía fue de dos días más, los funcionarios tuvieron que dormir en la maleza con los detenidos, hasta que un helicóptero del Ejército los trasladó a Puerto Carreño.

A la cárcel

#ATENCIÓN En audiencia, integrantes de comunidad indígena Kawanerruaba aceptaron cargos imputados por #Fiscalía por muerte de menor de 13 años en #Cumaribo #Vichada. Investigadores #Sijin establecieron que procesados tenían amenazadas a comunidades para no ser judicializados. pic.twitter.com/8TTkUEBiUV

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 19, 2019

Los procesados por este caso fueron César Rodríguez Naranjo, Evencio Gaitán Cabarte y Bernardo Gaitán Rodríguez, indígenas de la etnia Piapoco, quienes aceptaron la culpa por los cargos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Carreño les dictó medida de aseguramiento en la cárcel, a la espera de la sentencia. La investigación continúa, pues al parecer hay más personas implicadas.

El crimen, que regresa a la memoria por la audiencia judicial de este fin de semana, sacude de nuevo a la sociedad colombiana por cuenta de las agresiones contra menores de edad.

La semana anterior tuvimos que llorar por el asesinato de otros tres niños, en diferentes circunstancias, en los barrios de Medellín, a 1.103 kilómetros de distancia de Cumaribo.

De acuerdo con datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en la cultura sikuani existe un ritual funerario llamado Itomo, en el que, acompañado por los rezos del chamán, un cuerpo es sepultado por segunda vez.

La ceremonia ayuda a perpetuar la presencia del difunto en la comunidad. Ojalá que este infante de Cumaribo y los de Medellín vivan por siempre entre nosotros.