Un revólver calibre 38 sin permiso de porte, con el serial borrado y aún humeante, estaba en las manos de M., un muchachito escuálido de 14 años, que fue capturado por la Policía en la noche del miércoles, en una calle del barrio Santa Lucía, occidente de Medellín.

Los cuatro policías que lo aprehendieron tuvieron que protegerlo de la comunidad, que intentó golpearlo y lo señaló como responsable de los disparos que, segundos antes, habían acabado con la tranquila vida comercial del sector.

Según los reportes policiales, seis disparos se escucharon a las 6:30 p.m. a escasos 100 metros de la salida del metro, en una licorería.

Tres hombres cayeron heridos: Darío Alexis Atehortúa Guzmán, comerciante que fue impactado en el costado izquierdo del torso; Mateo Cuesta Petro, mensajero de la licorera, quien fue impactado en la zona escapular; y un transeúnte al que una de las balas le ingresó por la pierna.

Los dos primeros fueron llevados en una camioneta hasta la Unidad Intermedia de San Javier, a donde llegaron sin signos vitales.

Uno de los testigos les dijo a los agentes que no vio quién disparó, pero que luego observó al joven corriendo y a la gente gritando.

Edad y sanciones

Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín, explicó que inicialmente el muchacho se identificó con otro documento y por eso hubo confusión respecto a su edad.

Se dijo que tenía 13 años, la verificación de identidad que hicieron los agentes permitió concluir que M. cumplió 14 años hace casi tres meses. El dato no es menor, pues el tratamiento penal varía considerablemente según la edad.

Lina Estrada, abogada y magíster en Derecho de Familia, explicó que los menores de 13 años de edad son considerados inimputables ante la ley y por eso, cuando cometen algún delito, lo que se hace es un proceso de restablecimiento de sus derechos en el que se vincula a la familia para saber qué falló.

“En este caso, teniendo 14 años, la ley aplicable es de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) que señala sanciones de carácter pedagógico y restaurativo, en un sistema diferencial frente al que se usa para los adultos”, dijo.

Eso quiere decir que si M. es encontrado culpable, podría ser sancionado con una detención de máximo 8 años en un centro de atención especial, que en el caso de Medellín es el Carlos Lleras, conocido como “La Pola”.

La decisión de qué sanción se le impondrá la tomará un juez de infancia, con base en la evidencia entregada por los investigadores y en el diagnóstico que hagan los defensores de familia, trabajadores sociales y psicólogos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.

Catalina Piedrahíta Gutiérrez, juez Coordinadora del Centro de Servicios de los juzgados penales para adolescentes, confirmó que el menor de edad fue judicializado y que este jueves mismo se adelantaron las audiencias de control de garantías. Le fue impuesta medida de detención preventiva.

Múltiples responsable

“Un niño con arma mata a dos personas y deja herida a una. La pregunta aquí es: ¿dónde está la familia? ¿Ese niño por qué no estaba en el colegio?”. La reflexión la plantea Mateo González, subsecretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

El funcionario aseguró que lo que sucedió con M. y las víctimas es muy doloroso para la sociedad. “Lo que no se haga en el hogar no se puede esperar que lo resuelva el Estado en la calle (...) nosotros seguimos invirtiendo en materia física, persiguiendo estructuras criminales, pero necesitamos reflexionar qué pasa de puertas para adentro”, agregó.

González también planteó que es posible que M. haya sido instrumentalizado por bandas criminales; es decir, que haya sido usado y manipulado para cometer delitos.

Un investigador social que pidió mantener la reserva de su identidad, explicó que la instrumentalización no es nueva en la ciudad. “Hace mucho rato las bandas utilizan a los menores de edad y no usan sistemas muy sofisticados: les enseñan a disparar y a huir. Ahí lo complicado es tener la sangre fría para actuar como lo hizo él”, dijo.

El académico manifestó que aunque no se conocen los detalles del caso, es muy probable que M. haya accedido a disparar el arma no por plata sino para “probar que tiene valor como gatillero (sicario)”.

Una fuente cercana a la investigación reveló que la hipótesis inicial es que M. tenía amistades en el combo “el Coco” que delinque en la comuna 12 de la ciudad, y es posible que ya hubiera ingresado o estuviera tramitando su aceptación dentro de la estructura.

González dijo que el caso es materia de investigación, pero que la madre del menor de edad ya se presentó ante la justicia para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos del muchacho.

La abogada Estrada agregó que la investigación del fiscal y de los defensores de familia, que revisan el contexto sociofamiliar, permitirán saber si hubo falta de oportunidades, estructuras familiares fragmentadas, o cualquier otro elemento.

En una investigación sobre instrumentalización de niños, publicada por este diario en noviembre pasado, funcionarios de la Rama Judicial reconocieron que este delito está invisibilizado y “casi que ni se han ordenado investigaciones” contra los principales cabecillas de las bandas de Medellín.

Y Alejandro de Bedout, secretario de la Juventud de la ciudad, reconoció que de los 554.000 jóvenes que habitan la capital antioqueña, por lo menos el 11 % (unos 66.000) está en riesgo de ser utilizado por las bandas criminales.