Los municipios colombianos que hasta hace pocos años eran el epicentro de la violencia y que estaban en proceso de recuperarse, viven en la actualidad una situación muy crítica porque no tienen cómo prevenir el contagio del coronavirus, ni tampoco están recibiendo los beneficios que por la coyuntura está entregando el gobierno nacional.

Así lo señala un grupo de congresistas, entre quienes están Juanita Goebertus, Alianza Verde; Iván Cepeda, Polo Democrático; Angélica Lozano, Alianza Verde; José Daniel López, Cambio Radical; Jhon Jairo Hoyos, Partido de La U; Carlos Ardila, Partido Liberal; Antonio Sanguino, Alianza Verde; Roy Barreras, Partido de La U; Temístocles Ortega, Cambio Radical; Wilmer Leal, Alianza Verde y Guillermo García Realpe, Partido Liberal, en un informe sobre cómo va la implementación de los acuerdos de paz en el país.

Los congresistas señalan que la capacidad que tienen estos territorios para prevenir la pandemia es nula y que los efectos sociales y económicos de la cuarentena son diferentes al resto del país.

Explican que en “los municipios PDET cada hospital tiene que atender un 34% más de población que el promedio de personas por hospital a nivel nacional y, mientras que a nivel nacional el hacinamiento en los hogares es del 9.2%, en lugares como el Sur de Córdoba, el Bajo Cauca Antioqueño y el Catatumbo, está entre el 19 y el 22%”.

En el informe se exponen otras cifras, como por ejemplo que para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo, se deberían estar ejecutando por lo menos $4,67 billones al año en los municipios PDET, los más afectados por la guerra y la pobreza, pero que solo se está llegando a 90 mil millones al año, el 1,36%.

Critican que la formalización de tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras y la Consejería para la Estabilización está demorada, además de que no coinciden con las cifras en lo ejecutado.

Explican además que de los 170 municipios que son identificados para la atención de los programas de paz, el 80% no cuenta con funcionarios de policía judicial, y el 35,2% no tiene fiscales locales; respecto a los jueces, cuentan con solo 6 para cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional esa misma cifra es de 11.

Agregan que en enero de 2020 el 59,2% de los excombatientes no se encontraba vinculado a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional o apoyado por la cooperación internacional.

El Gobierno ha priorizado los proyectos productivos individuales sobre los colectivos: de agosto de 2019 a hoy, pasaron de 249 beneficiados a 1.437.

Los congresistas señalan que les preocupa el incremento en el número de asesinato de excombatientes, porque en enero y febrero se llegó a 14, un promedio de 7 por mes, superando el promedio de 4,8 excombatientes asesinados por mes en los años anteriores.

Dos puntos más del informe agregan que en 25 municipios del país se reportan más hectáreas erradicadas que sembradas, como por ejemplo, Tarazá y Nechí en Antioquia, y Tumaco en Nariño. Finalmente, estiman que al ritmo que va la indemnización a las víctimas, al país le tomará 75 años reparar a todas las que están registradas.