En Colombia existen “zonas rojas” donde se estima yacen algunos de los 45.000 desaparecidos por el conflicto armado de medio siglo, tan peligrosas que ni los familiares, ni tan siquiera las autoridades, se arriesgan a ingresar.

Una perdió un hijo, la otra un hermano. La guerrilla se los llevó a la selva de la región del Cauca, en el suroeste del país, y nunca volvieron. Estas mujeres denunciaron lo ocurrido, alertaron a los medios de comunicación, intentaron ir a la zona. Pero más de una década después nada ha pasado.

“Estaba terminando el servicio militar obligatorio. Era el bebé”, contó Mariela Patiño, de 56 años, cuyo hijo menor fue retenido por insurgentes mientras estaba de permiso en la granja familiar cerca de Cajibío, a unos 135 kilómetros de Palmira y de Cali.

“Estábamos desayunando cuando se presentaron seis miembros de las Farc, cinco hombres y una mujer”, recuerda esta madre de cuatro hijos, mientras muestra una foto de su benjamín, Manuel Alejandro Castro Patiño, de 20 años, en uniforme militar.

El joven recluta fue retenido el 20 de septiembre de 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Lo denunciaron como informante del Ejército y se lo llevaron”, dice, y precisa que “la guerrilla prohibía prestar servicio militar”.

Mariela luchó tanto por su hijo que las Farc la forzaron a irse de su granja. “Puse la denuncia. Colocaba carteles por todos lados. Me dijeron que si no me iba, no responderían por mi vida, ni por la de mi familia”.

Al final, lo abandonó todo y se mudó a Cali, donde abrió un pequeño salón de belleza.

“Un día, un comandante de las Farc me comentó que habían cometido un error (...) Está sepultado en la vereda. Fuimos, pero todavía no lo hemos encontrado. Pasé el informe a la Fiscalía. Hace ocho años. Pero es una ‘zona roja’ y las autoridades no pueden ir”, se lamenta esta mujer, que se unió a la asociación “Los que faltan”, creada en 2012.
       
“De alto riesgo”           

Entre “Los que faltan” está Oswaldo Díaz Fuentes. Este concejal municipal de Palmira tenía 42 años cuando desapareció el 15 de octubre de 2001.

“Se lo llevaron cuatro hombres armados, frente a su hijo de 13 años”, relata su hermana Zamira, quien de un grueso expediente saca dos hojas.

“Un señor me llevó unos mapitas, un civil involucrado en la búsqueda de desaparecidos”. Sobre el papel se ven algunas anotaciones y un itinerario hecho a mano, hasta La Punta, “refugio de la guerrilla”, a unas horas de distancia de Palmira.

La policía fue informada, pero no hubo seguimiento. “Es una zona de alto riesgo, una zona guerrillera y tapada con pinos. Aún es muy peligroso ir”, explica Zamira, de 64 años.

Consultada, la Fiscalía afirmó a través de su equipo de prensa que “cuando las condiciones de seguridad son complicadas, los funcionarios son acompañados por la Policía o el Ejército, según las circunstancias. Así siempre llegan a los lugares donde suceden los hechos”.

Sin embargo, no fue precisado si llegaron al sitio donde estarían enterrados el recluta Castro Patiño o el concejal Díaz Fuentes.

Palmira | AFP