La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que se mejorarán las actuales condiciones de la alianza Público Privada (APP) para la navegabilidad del Río Magdalena, que contará con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Según informó la cartera, el contexto del problema socio-ambiental radica en que para la estructuración del proyecto se optó por una guía de manejo ambiental, evitando la solicitud de licencia ambiental de conformidad con el marco legal, lo cual conlleva a tener un análisis muy general, sin profundidad ni los suficientes detalles conforma a la importancia ambiental de la zona y la magnitud del proyecto.

“No podemos asumir un proyecto de 2,3 billones de pesos, sin cumplimiento de condiciones técnicas, financieras y jurídicas. Es necesario verificar el cronograma de obras y se requiere hacer una actualización de los diseños, ya que es uno de los principales riesgos del proyecto, dado que se están aplicando los mismos que fueron realizados para la primera concesión”, aseguró Orozco.

La ministra explicó que en la revisión se destaca que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio aprobación al proyecto sin tener acceso y seguridad a las coordenadas, sumado a que los objetivos incluyen el componente de mantenimiento, y no incluye la intervención y construcción de obra.

Otro de los aspectos relevantes es que no existe una identificación total de las comunidades étnicas, raizales, afrodescendientes e indígenas asentadas a lo largo del trayecto del río, ni el panorama de sus condiciones socioeconómicas, lo cual coloca en riesgo la protección de los derechos de estas etnias.

La ministra aseguró que frente a la estructuración financiera en los proyectos 4G, en promedio, el capital de inversión en un 90 % proviene del concesionario y 10 % requiere deuda, pero en el caso de la APP del río, sólo es del 16 % y el resto corresponde a deuda.

“Significa una exigencia al concesionario totalmente desbalanceada si se compara con otros proyectos 4G. Estamos siendo responsables y protegiendo los recursos públicos. No podemos repetir el caso Navelena”, puntualizó la funcionaria.

Cabe recordar que el Proyecto impactaría directamente a 57 municipios y 13 departamentos del país y para lograr este propósito, se realizarán obras de dragado y mantenimiento del canal navegable en el tramo comprendido entre Barrancabermeja hasta Barranquilla (652 kilómetros).

En el otro trayecto, aguas arriba, desde Barrancabermeja hasta Puerto Salgar, se ejecutarán obras de encauzamiento, con el fin de garantizar una profundidad de 7 pies. Hay que recordar que por la principal arteria fluvial del país se transportan más de 3 millones de toneladas al año, entre hidrocarburos y carga seca.