Al menos 400.000 habitantes de los municipios aledaños al río Atrato están afectados por el vertimiento de químicos producto de la minería ilegal, según los confirmó la Defensoría del Pueblo, que además consideró que las afectaciones también son por cuenta de la deforestación y la actividad de grupos armados en la región.

Los hallazgos se dieron durante el recorrido de diez funcionarios de la entidad, quienes estuvieron en los municipios Medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Turbo, ubicados en la cuenca del río Atrato.

Para Sandra Lucía Rodríguez, delegada para los Derechos Colectivos y de Ambiente, “este ecosistema y las connotaciones culturales que representa para las comunidades, se encuentra gravemente amenazado por diferentes factores como el uso de cloaca que se le está dando. Allí los cementerios están a la orilla del río, generando contaminación al mismo, además, en algunas poblaciones se desarrollan actividades extractivas de gran impacto”.

A juicio de la Defensoría, uno de los temas más delicados es que la fuente hídrica está contaminada desde su nacimiento en el municipio de Carmen del Atrato, hasta su desembocadura, debido al vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas, así como de combustibles y lubricantes. Estos materiales son utilizados en la minería ilegal.

Unido a esto, el ente defensor evidenció que solamente Medio Atrato cuenta con una disposición técnica de los residuos sólidos y en los demás municipios esta se hace prácticamente en el río. “Y aunque autoridades de algunas localidades manifestaron que cuentan con celdas transitorias, en las visitas se pudo evidenciar que no son más que botaderos a río abierto y que ninguno cumple con las normas técnicas para su operación, situación que está contribuyendo a deteriorar la sostenibilidad del recurso”.

Otro factor que contribuye a la destrucción del Atrato, según la Defensoría, es la deforestación, haciéndose evidente la violación de los derechos de las comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas para las cuales el río está indisolublemente relacionado con su vida, pues sus acciones cotidianas se desarrollan allí.

“Este preocupante panorama se recrudece por la presencia de actores armados ilegales que desarrollan economías ilícitas como extracción de minerales, narcotráfico, tala ilegal de bosques y praderización, entre otras”, dijo la delegada de la Defensoría.

A pesar de que el río Atrato fue reconocido por la Corte Constitucional en diciembre de 2016 como sujeto de derechos, “hay omisión de las autoridades municipales para garantizar el derecho humano al agua y los alcaldes se escudan en el desconocimiento, la falta de recursos y la consecuente incapacidad para actuar”.

Por último, la Defensoría pidió a las autoridades que se adopten políticas públicas y la sensibilización de la comunidad para un mejor cuidado del afluente.