Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y las Farc-EP emitieron un comunicado, en el que afirman que cumplirán, a partir del próximo 10 de septiembre, el acuerdo anunciado el 15 de mayo sobre la salida de los menores de edad de las filas de la guerrilla.

“El Gobierno Nacional y las Farc-EP comunican a la opinión pública que el próximo 10 de septiembre se iniciará el proceso de salida de campamentos de las Farc-EP de los menores de edad que se encuentren en estos, todo ello en desarrollo del acuerdo adoptado en la mesa de conversaciones”, manifestaron.

La recepción de los menores, según indicaron, estará a cargo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que trasladará a los niños a los centros de acogida temporal.

Allí, los menores van a estar hasta que las instituciones competentes determinen los lugares en los que se procederá a realizar el proceso de reincorporación e inclusión social.

Este acuerdo, que fue creado como una medida de generación de confianza durante las negociaciones, según informaron los miembros de la mesa de la delegación del Gobierno, no se había cumplido hasta el momento por cuestiones jurídicas.

Aclaración del fiscal  

Por otra parte, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que las empresas que financiaron a los grupos paramilitares y a las Farc, pero que fueron obligadas por dichos grupos, no tendrán que rendir cuentas ante el Tribunal Especial para la Paz.

“Aquellos empresarios que por fuerza de la coacción fueron obligados a financiar a los grupos ilegales, pueden tener la seguridad de que no serán llevados ante el Tribunal Especial para la Paz, sin embargo, no pasará lo mismo con los terceros que se beneficiaron de estos grupos”, señaló.

El fiscal dijo que desconoce la autoría de una lista de 57 empresas que, presuntamente, habrían apoyado a los grupos ilegales, y la cual ha sido difundida por varios medios de comunicación, en la que eran señaladas firmas de varios sectores.

“Los nombres que se han venido nombrando los últimos días y que fueron coaccionados no tienen ningún pasivo con la justicia, por lo que hay que aclarar que en el acuerdo de Paz queda claro que esta personas no serán juzgadas en esta jurisdicción”, explicó el fiscal General.

Néstor Humberto Martínez señaló que aceleraron estas investigaciones para determinar si realmente estas empresas salieron beneficiadas de dichas actividades.

“La Fiscalía tiene la obligación moral y legal de esclarecer las conductas de los terceros”.

El fiscal General dijo que estas investigaciones continuarán hasta que se anuncie la creación oficial del Tribunal Especial para la Paz y que con tres meses de anticipación deberán trasladar dichas indagaciones.