La Corte Constitucional compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a funcionarios de la EPS Medimás quienes se negaron a cumplir una serie de órdenes que la propia Corte le había dictado para brindar atención en salud en 48 horas a un niño con una patología auditiva a quienes no se le había podido hacer una serie de procedimientos urgentes que ordenó su médico tratante.

En medio del estudio de la tutela, la Corte dictó un auto en septiembre pasado en el que ordenaba una medida provisional para salvaguardar los derechos del menor de edad y que se le hiciera una nueva valoración interdisciplinaria, sin ningún tipo de traba administrativa, y generar nuevamente las órdenes para la cirugía que él necesita.

No obstante, Medimás no cumplió alegando que faltaban unos informes, razón que llevó a la magistrada ponente a compulsar copias para que la Fiscalía General de la Nación inicie las acciones pertinentes contra los funcionarios de la EPS y reiteró que la intervención que necesita el niño es urgente porque tiene apenas siete años y el tratamiento trata de contrarrestar una posible sordera.

Al estudiar de fondo la tutela, la Corte consideró que “Medimás ha omitido de manera deliberada y negligente la prestación del servicio de salud al menor de edad, puesto que mediante razones administrativas injustificadas y desproporcionadas que en realidad configuran maniobras dilatorias, se ha abstenido de autorizar las órdenes médicas que sustentan el procedimiento que el paciente requiere”.

La Corte reprochó severamente a Medimás por no cumplir con las órdenes de ese Alto Tribunal “es una afrenta directa de las garantías constitucionales que son objeto de vulneración y con desprecio absoluto por la institucionalidad y la finalidad jurisdiccional de esta Corporación”.

Además, hizo un llamado de atención al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que cumplan de manera oportuna con sus funciones de vigilancia y que las EPS cumplan con sus deberes y servicios de salud a los usuarios, sin necesidad de que un juez tenga que actuar para que lo hagan.

Por esa razón, la Corte también compulsó copias contra funcionarios del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud por no vigilar este caso, a la Contraloría para evaluar si hay detrimento patrimonial y envió el expediente completo a la Superintendencia de Salud.

Sanción de la Supersalud

Luego de conocerse la decisión de la Corte Constitucional, se conoció que la Superintendencia de Salud decidió sancionar a Medimás por incumplir con la conformación y el seguimiento a su red de prestación de servicios

Se trata de una multa por 2300 salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta mediante la resolución 2807 de 2017 en la que sustentó que se constaron “incumplimientos relacionados con la conformación y el correcto seguimiento a su red de prestadores a lo largo del territorio nacional”.

En la sanción se afirma que durante la visita desarrollada el 16 de septiembre al 9 de octubre por funcionarios de la entidad, “se pudo establecer que la información entregada, relacionada fundamentalmente con la red de servicios y prestadores reportados formalmente, no correspondía con los servicios parametrizados en el sistema de información de la EPS”.

Esta falta, precisó el ente de control, pudo generar barreras para acceder a los servicios de salud además de motivar vulneraciones a la garantía efectiva de prestación de los mismos a su población afiliada.

“Medimás no garantizó la red de prestadores de servicios de salud de baja, media y alta complejidad en todos los municipios donde actualmente opera”, señala la entidad.

La Superintendencia Nacional de Salud, además ordenó que la EPS defina, organice y conforme su red de prestadores de acuerdo con sus obligaciones legales, además de remitir, a más tardar el 31 diciembre próximo, copia de las evidencias que acrediten la debida organización y conformación de su red de prestadores para atender a sus más de 4 millones de afiliados.