El juez 75 de garantías decretó medidas cautelares para el proyecto Hidroituango, en atención a una petición de la Fiscalía que argumentó que se estaban vulnerando varios derechos a la comunidad por lo que su salud estaba en riesgo, así como el entorno en el que residían. 

El funcionario judicial en su exposición dijo, además, que se debe tener en cuenta la presunta comisión de un fraude procesal por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.

Este delito se habría configurado con respecto al momento en que se inició la obra y la fecha en la que se expidió la licencia ambiental para la ejecución de los trabajos. Entre una y otra hay una diferencia de diez meses. 

Omisión y riesgos 

Esa omisión es la que, aparentemente, ocasionó que se generaran los riesgos que hoy se conocen.  

“Acá no estamos diciendo quién o quiénes son los responsables de esta omisión, pero sí es necesario tener en cuenta esto para analizar las afectaciones y el riesgo latente actual”, sostuvo el juez, quien entregó una disertación alrededor del medio ambiente para proferir su decisión.

Mesa técnica 

La primera medida es que se instale una mesa técnica en la que tengan asiento delegados de la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, EPM e Hidroituango.

“Esta delegación debe reunirse en un término no superior a cinco días y propondrán todas las acciones pertinentes de índole administrativo y técnico en aras de obtener un estudio con expertos en la materia que analicen la estructura rocosa donde se ubica el proyecto”, ordena la decisión del juez.

¿Continuidad o suspensión?

Lo que se busca con esta medida cautelar es determinar o no la continuidad del proyecto o su suspensión. Los informes que debe rendir esta mesa técnica deberán entregarse cada diez días y hasta por sesenta días a partir de que quede en firme la decisión.

Como una de las peticiones de la Fiscalía era que se le ordenara las cabezas del proyecto información veraz y oportuna sobre lo que sucedía, el juez también ordenó que se realizaran audiencias públicas para socializar los resultados de los especialistas con la participación de la comunidad y de los medios de comunicación nacionales o extranjeros.

La otra medida adoptada busca proteger los derechos a la salubridad pública, medio ambiente, dignidad humana, mínimo vital y salud de las comunidades afectadas por lo que se le ordenó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a las Alcaldías, corporaciones autónomas, Cruz Roja y el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia, Dapard, para que elaboren planes de contingencia para la atención oportuna e integral de las poblaciones afectadas. Esta medida es en respuesta al estado de calamidad pública decretada por la Gobernación departamental.

Lo que dijo la Fiscalía

El ente acusador presentó ante el estrado un balance de afectados por Leishmaniasis de los cuales señaló que en los últimos años han aumentado y que ello podría tener relación con los inconvenientes que se han generado con la llegada de la hidroeléctrica. En su explicación reseñó que para 2013 los casos por esta enfermedad eran uno o dos, en promedio, por año.

Tres años después ya eran 43 casos y en 2018 subió a 85. Este balance de salubridad lo reportó para pedirle al juez que le ordene las medidas para que EPM diseñe y ejecute un programa para atender a estas personas y se realicen los estudios dirigidos para verificar lo que está sucediendo frente a esta enfermedad.

Sobre este particular el jefe del despacho judicial indicó que es fundamental que se procure llevarles asistencia médica a los afectados, ya que como lo documentó la Fiscalía, si bien existe una vacuna, es muy difícil que accedan a ella debido a la distancia en la que se encuentra el hospital de la zona.