Cobijados con medida de aseguramiento por parte de un juez de control de garantías siete agentes de Policía, que al parecer, hacían parte de un equipo de seguridad de una banda delictiva dedicada a falsificar y adulterar licores nacionales y extranjeros.

Dichos policías no aceptaron los cargos y la investigación indica que eran los escoltas de los carros de los delincuentes, cuyas bodegas localizadas en el Centro Comercial La Sabana de Bogotá, las cuales  fueron objeto de allanamiento por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el pasado 17 de junio del 2016.

La Fiscalía encontró que estos siete hombres colaboraban presuntamente en el proceso de llevar los embarques de licor desde los alambiques y bodegas hasta el mismo centro comercial, donde se expendía como si fuera realmente importado whisky, rones, ginebras y otros licores. Por este trabajo y dependiendo de lo transportado, la investigación muestra que percibían entre cien mil y tres millones de pesos por camión escoltado.

En un operativo que involucró varias tractomulas cargadas con el licor incautado, el CTI lo destruyó, en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), en condiciones amigables con el medio ambiente.

En el operativo realizado ese 17 de junio, en una operación simultánea realizada en Socorro (Santander), Santa Marta (Magdalena) y Bogotá, el CTI realizó 50 allanamientos y decomisó licor avaluado en aproximadamente 10.000 millones de pesos.

Asimismo, se encontraron 50 mil elementos para adulterar licor como cajas, marquillas, tapas. En total hallaron 200 mil unidades de whisky, ron, aguardiente y otros licores.

En la acción también fueron detenidos los hermanos María Asunción Romero Herrera y Miguel Ángel Romero Herrera, quienes serían los responsables de este comercio ilícito.

Precisamente esta mujer fue hallada escondida en una caleta que tenían en su casa luego de que los investigadores del CTI ingresaran al predio en que vivía con su esposo, un miembro de la Policía que fue investigado por obstrucción a la justicia luego de que negara la presencia de Romero en la vivienda.

Estas personas fueron dejadas en libertad por un juez; pero posteriormente el 17 de agosto del 2016 se logró la captura de Miguel Ángel Romero Díaz, presunto líder  de la banda; Donail Cáceres Perdomo y Segundo Oliverio Gómez González.

Este proceso de indagación, adelantado por la Fiscalía 2 del Eje Temático de Protección a la Propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones, los Bienes Culturales de la Nación y la Moneda Legal adscrito a la Dirección de Fiscalías Nacionales, permitió vincular en su segunda fase a los dos intendentes y cinco patrulleros de la Policía, que acaban de ser asegurados.

La investigación los vincula con los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y cohecho propio. Dos de ellos fueron enviados a prisión y los otros cinco con detención domiciliaria.

Los asegurados son el intendente jefe Harold Enrique Rojas Pachecho, quien fue enviado a la cárcel La Picota; también el patrullero Víctor Alfonso García, también enviado a La Picota.

En cuanto al intendente Laurencio Durán Pinto y los patrulleros Álvaro Hernán Corzo López, José María Romero Romero, Edwin Hernán Álvarez Hernandez y Yonnys Díaz Guerrero, les dieron detención domiciliaria.