El Instituto de Medicina Legal entregó los restos óseos de Luz Mary Portela, una de las 11 desaparecidas del holocausto del Palacio de Justicia, 31 años después de los hechos.

Los restos fueron hallados en un cementerio, enterrados erróneamente bajo el nombre de Libia Rincón Mora, quien ahora pasa a ser una de las desaparecidas, según el abogado Eduardo Carreño del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Luz Mary Portela León, se encontraba en el Palacio de Justicia, en la cafetería, reemplazando a su mamá, Rosalba León, quien se enfermó ese día y nunca más la volvió a ver.

Hasta el momento, sigue sin establecerse la verdad sobre cómo murió Luz Mary porque se había indicado su fallecimiento en el cuarto piso del Palacio de Justicia, pero hace poco apareció un vídeo en donde se la ve salir con vida hacia la Casa del Florero.

Rosa María Cárdenas tenía seis años cuando se produjo la toma y descubrió en el proceso que Luz Mary no era su hermana sino su mamá, por lo que para ser reparada necesitaría cambiarse de apellidos.

No obstante, todavía no lo tiene claro y por eso cree que el 10 de diciembre, cuando Cancillería entregue el pago de las indemnizaciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no será reparada.

“Yo aparezco como hermana, después con los análisis de Medicina Legal como hija y quiero ser reconocida como tal. ¿Tengo que empezar un trámite de cambio de apellidos? El 10 de diciembre no voy a estar reparada”, dijo.

Para Cárdenas, el Estado solo ha cumplido con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por lo sucedido, que se pueden mostrar: el acto de perdón que hizo el presidente Juan Manuel Santos el año pasado y la divulgación de la sentencia.

“No tenemos ayuda psicosocial, ni garantías de salud, no hay un plan de búsqueda que se nos haya informado a los familiares y no hay claro todavía la indemnización”, agregó al pedir que haya un cumplimiento de la sentencia y que se agilicen los trámites para esto.

“Cancillería rinde un informe pero a nosotros nos piden documentos, escrituras de sucesión, que tiene un costo de dinero que no lo tenemos”, dijo.

Para ella existe todavía un desasosiego por no saber qué pasó. “Salió viva y dicen que murió calcinada. No hay una verdad ni un responsable. “No somos una cifra, no somos un número más, somos familiares de carne y hueso que hemos entregado la vida a una lucha de búsqueda”, señaló Rosa Milena.

Entre padres, hijos, cónyuges y hermanos de las víctimas, el Estado colombiano debía indemnizar a 138 personas por cifras que oscilan, dependiendo del caso, entre US$20.000 y US$100.000. El pago global será de al menos US$3 millones.

Resumen de medios