Las masacres volvieron a ser noticia el último fin de semana en Colombia como lo fueron hace exactamente tres meses, cuando en una misma semana los muertos de Samaniego se sumaron a los de Tumaco y Llano Verde, en Cali.

Esta vez fueron 18 las personas asesinadas en tres lugares diferentes, en menos de tres días: Argelia (Cauca), Betania (Antioquia) y Soledad (Atlántico).

Con estos hechos, el número de masacres, según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), ya llega a 77, con 306 personas asesinadas, más del doble de las registradas en todo el 2019, cuando se presentaron 36, con 133 personas asesinadas. Para ese momento, era la cifra más alta registrada desde 2014.

¿Qué esta pasando? ¿Por qué el país se enfrenta de nuevo a esta pesadilla que creyó ir en camino de superar? ¿Por qué son algunas regiones del país las más afectadas y qué hacer para superar esta situación?

Mientras el Gobierno señala al narcotráfico de estos crímenes y plantea la aspersión aérea como una posible solución para reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y así quitarle poder a las mafias ilegales, analistas consideran que esta situación es resultado de una lucha de poder territorial en la que grupos armados ilegales buscan ocupar las zonas que dejaron las Farc tras su desmovilización y que el Estado no ha estado en capacidad de ocupar.

Lo primero que llama la atención de esta nueva situación de masacres en el país es que se presentan de manera más focalizada, lo cual no significa que la situación sea menos grave.

Solo Antioquia y Cauca suman juntos 30 másacres en este año, 18 en Antioquia y 12 en Cauca. Han ocurrido, por lo general, en municipios que hacen parte de corredores del narcotráfico o en los que hay disputa por otros negocios ilegales.

Después de estos departamentos, vienen Nariño con nueve masacres, Norte de Santander, con seis, Putumayo con cuatro y Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Valle del Cauca y Córdoba con tres, en una dinámica muy similar.

“La causa es el narcotráfico”

Luego de la controversia en la que se vio involucrado sobre si era apropiado usar la expresión masacres o debía hablarse de homicidios colectivos, que a pesar de ser el término técnico es un eufemismo, el Gobierno ha sido recurrente en señalar al narcotráfico de estos crímenes.

Así lo recordó ayer el presidente Iván Duque al hablar sobre las masacres registradas este fin de semana.

“Muchas de las crueles circunstancias de asesinatos colectivos, como las que vimos tristemente en las últimas horas, obedecen a ese fenómeno del narcoterrorismo. Criminales como ‘Mayimbú’, como ‘Iván Márquez’, como el ‘Paisa’, como ‘Santrich’, como ‘Iván Mordisco’ responden a esas estructuras donde el narcotráfico es el combustible de su accionar”, manifestó el mandatario.

Y como ya lo había venido haciendo, vínculo la posible solución con una estrategia más firme de erradicación de cultivos ilícitos.

“Entre el año 2015 y el año 2018 lo ganado en muchos años se fue al traste porque entre el año  2015 y el año 2018 se dio el mayor  crecimiento exponencial de  los cultivos ilícitos en nuestro país, pasando de menos de 60 mil hectáreas a más de 200  mil”, indicó Duque. .

En el mismo sentido se pronunció el Ministro de Defensa, quien, en rueda de prensa, después de hacer un balance de los logros de la Fuerza Pública contra los grupos criminales, insistió en que la violencia provocada por ellos debe acelerar los esfuerzos para la eliminación de cultivos ilícitos.

Y de paso, hizo un llamado a que se retome la aspersión aérea en el país, sin más tropiezos: “Eliminar los cultivos ilícitos es acabar con la financiación de quienes masacran y asesinan líderes sociales”.

Pero, para algunos analistas, si bien el narcotráfico sí es responsable de buena parte de estos crímenes, lo que ocurre hace parte de un fenómeno más complejo.

Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el ministro Trujillo “confunde una política de lucha contra las drogas con una política de seguridad” y lo que hay en realidad es una disputa por el control territorial de zonas que, después de la desmovilización de las Farc, el Estado no ha logrado ocupar.

Ávila explica que lo que se presenta en las zonas en donde han aumentado las masacres es lo que se define como ´empate técnico´, que es cuando un conflicto no tiene ganador ni perdedor, porque todo el mundo es igual de débil o igual de fuerte.

“Cuando los paramilitares se desmovilizaron vino un periodo de crisis de seguridad, las Águilas Negras, las Águilas Doradas, los Mellizos, los Nevados, eran como cien grupos, y esa disputa duró mas o menos dos años y medio hasta que varios de ellos ganaron las guerras  y la violencia bajó”.

En la actualidad, dice, está pasando algo parecido porque las Farc se fueron del territorio, y esto “es lo que muchos creíamos que iba a pasar, que esto iba a ser una guerra en varios territorios, por dos años hasta que alguien ganara”.

Sin embargo, añade, que este proceso ha tomado casi tres años, y aún nadie ha logrado nada, porque están equilibrados y la guerra se degrada. El ejemplo más claro está en Argelia, donde “como el Eln no le gana al Carlos Patiño, ni el Carlos Patiño a los Narco, ni los Narcos a ninguno de los anteriores entonces la emprenden contra la población civil”.

A esto se suma que existe un grave problema de economías ilegales, es decir el precio oro ha aumentado brutalmente, al igual que el precio de la pasta base de coca y la migración venezolana, ha creado un mercado de trata de personas brutal.

El gran problema es que la seguridad no tiene cabeza; hay muchos errores”, señala, y dice que a esto lo agrava que el próximo sera un año preelectoral, que tradicionalmente han sido más violentos por naturaleza.

El Congreso pide explicaciones

Un nuevo debate de control político fue citado para este martes en el Congreso, para que el Ejecutivo responda a lo que los citantes califican como el imcumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, además de los asesinatos de líderes sociales y las masacres.

Al debate están citados los ministros del interior, Alicia Arango; Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila.

También se informó que, como invitados estarán el fiscal general, Francisco Barbosa; el procurador, Fernando Carrillo Flórez, y representantes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

Los funcionarios citados deberán responder a los interroantes que les plantearán los parlamentarios que, sin duda, solicitarán explicaciones por lo sucedido y pedirán más acciones por parte del Estado.