El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que al menos 960 personas privadas de la libertad en centro carcelario recibieron el beneficio de detención domiciliaria durante la pandemia por COVID-19.

En el marco de la emergencia generada por el virus, que le ha costado la vida a más de 30 mil personas en el país, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia realizó un decreto en el que los reclusos quienes estuvieran en latente riesgo podían obtener el beneficio de casa por cárcel.

Los reclusos debían cumplir una serie de requisitos para obtener dicho beneficio, esta determinación fue ratificada por la Corte Constitucional quien en los últimos días dejó claro que el decreto fue aprobado con algunas precisiones.

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Por ejemplo, dejó claro que la persona a la que se le concedió alguna de las medidas de privación de la libertad domiciliaria transitoria, si bien debe presentarse una vez venza el término de la medida, no podrá ser recluida nuevamente en el lugar en el que se encontraba, si al interior del mismo se presenta un brote de Covid-19.

“Lo anterior salvo que se le pueda garantizar su ubicación en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio. Si no fuere posible la reubicación en un lugar especial, el juez competente deberá fijar el término en el cual debe presentarse nuevamente”, argumentó el alto tribunal en sus precisiones.

Respecto de esta relación, el ministro Ruiz aseguró que celebra la decisión del alto tribunal sobre dar aval a dicho decreto, y dejó claro que las personas que regresen de cumplir su detención en su lugar de residencia, contarán con una zona de aislamiento, y tendrán la atención necesaria para determinar que se encuentre libre del virus.

El ministro no descartó que los jueces evalúen si el beneficio de casa por cárcel se puede ampliar.