Bajo la consigna "respeto a los acuerdos", miles de manifestantes exigieron este lunes al gobierno de Colombia implementar plenamente el pacto de paz con la exguerrilla FARC, frente a su controvertida intención de modificar una parte del texto.

Líderes de distintos partidos políticos, profesores, estudiantes, organizaciones sociales y gente del común se tomaron el centro de Bogotá para rechazar las objeciones y reformas anunciadas por el presidente Iván Duque al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga los crímenes más graves cometidos durante más de medio siglo de lucha armada de las FARC. 

"Lo que queremos es que el gobierno nacional recapacite y deje continuar el proceso de paz, que siga su curso (...) para evitar el derramamiento de sangre que hay en el país", dijo a la AFP Tirson Panesso, miembro de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados que participaba en la protesta. 

La manifestación tuvo lugar una semana después de que el mandatario de derecha objetara ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP, considerada la columna vertebral del pacto negociado entre el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y los rebeldes marxistas.

Asimismo, anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna. 

"Traicionar el acuerdo, traicionar la JEP, es traicionar al pueblo colombiano. Pedimos que se lleve a cabo lo firmado (...) que no nos apuñalen el corazón del acuerdo", clamó Ángel Alvarado, que caminaba con la delegación de las FARC hacia la Plaza de Bolívar.

Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.

"No vamos a permitir que nos arrebaten esta oportunidad que tenemos como generación de vivir en paz", aseguró Yesenia Moreno, estudiante de psicología de 27 años.

País polarizado

Dos días después del anuncio del presidente, los partidos de oposición se unieron para replicar sus objeciones y convocar a la movilización nacional este lunes.

Ejerciendo por primera vez el derecho de la oposición a contestar una alocución del gobierno de turno, consagrado en el acuerdo de paz con las FARC, los congresistas manifestaron que la decisión implica "desacatar" una sentencia de la Corte Constitucional, genera "incertidumbre jurídica" entre los excombatientes y devuelve al país a discusiones superadas tras la firma del acuerdo.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el objetivo de la protesta era acorralar al mandatario.  

"No soy partidaria de que se utilice la confusión ciudadana para salir a generar entonces en este momento una gran movilización que tiene por objeto poner al Gobierno contra la pared", aseguró.

Las reformas anunciadas por el mandatario, que no cuenta con mayorías aseguradas en el Congreso para sacar adelante los cambios, apuntan principalmente a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC

Las partes habían acordado que ningún rebelde podría ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotráfico después de 1 de diciembre de 2016 enfrentarán una eventual extradición.

Asimismo, el gobierno pretende excluir de beneficios penales a responsables de delitos sexuales contra menores y a quienes reincidan en actividades criminales.

Duque asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de modificar lo acordado por su antecesor y la que fue la guerrilla más poderosa de América, por considerarlo indulgente con los rebeldes. 

Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde el 2018 los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.