La jueza auxiliar de la Corte Suprema llegó el 15 de marzo desde España.
Magistrada lleva 10 días pidiendo prueba de COVID-19

La magistrada auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Cindy Vanessa Boya Guerra, denunció ante la Procuraduría General que Colsanitas SA ha registrado demora en la toma de muestra del COVID-19.
La jurista señaló que el pasado 15 de marzo llegó al país desde España, luego de haber visitado varios países de Europa, donde se ha conocido abiertamente el contagio del virus.
Una vez llegó al país solicitó que le fuera practicada la prueba. Sin embargo, no tuvo respuesta alguna. El 24 del mismo mes solicitó por segunda vez la muestra, en esa oportunidad recibió la visita de una médica de la EPS.
“Unas horas más tarde se comunicó conmigo la directora de calidad de la empresa Respuesta Médico Inmediata S.A.S., IPS, me indicó que debido a la alta demanda de dicho examen debía dirigirme al centro médico de Colsanitas más cercano a mi residencia, a efectos de que aquel se me practicara”, señaló la magistrada.
Boya Guerra señaló que no se trasladaría de su lugar de residencia, dado que no podía incumplir con la cuarentena nacional que dispuso el Gobierno. Tras la negativa, la directora dijo que una bacterióloga se dirigiría hasta su casa para tomar las muestras para la prueba, sin embargo, esta nunca llegó.
“Desde ese entonces, y hasta la fecha, han transcurrido cinco días en los que, debido a las múltiples llamadas que he realizado, Colsanitas se compromete a enviar el personal médico idóneo para efectuar tal procedimiento, pero este aún no se ha practicado”, dijo la magistrada.
Por todo ello, con la queja ante la Procuraduría, lo que pretende la magistrada es que se ordene a Colsanitas S.A., a que en el menor tiempo posible proceda a tomar las muestras en su lugar de residencia.
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