Tres de las mujeres, cuyos familiares fueron presentados por el Ejército como bajas en combate, relataron su trabajo como víctimas y hablaron sobre sus expectativas de la JEP.

En el Primer Encuentro de Periodismo IMA, un grupo de tres Madres de Soacha, el colectivo de mujeres quienes perdieron familiares en los llamados falsos positivos, relataron sus experiencias de construcción de memoria, a la vez que hicieron un nuevo llamado para que se esclarezcan todos los crímenes.

Tras el inicio del proceso contra 14 militares señalados de participar en cinco de las ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la mujeres reconocieron que guardan reparos frente a este modelo de justicia, porque desconfían que altos mandos del Ejército comparezcan y dudan de sus contribuciones a la verdad.

“No tenemos confianza porque cómo van a sacar a un criminal de la cárcel, porque ya hay condenados y son un peligro para la sociedad, sin la certeza de que haya verdad plena. Nosotros sabemos que quien los mató fue el Ejército, pero queremos saber quiénes dieron la orden y no creemos que vayan a decir la verdad”, comentó Ana Páez, una de las madres.

Por su parte, Gloria Martínez, indicó que en el primer cara a cara con los militares en agosto pasado percibieron poca voluntad de colaborar y pálidas expresiones de perdón. Y aunque considera que en la justicia ordinaria ha habido dilación en los procesos, piensa que ahí, por lo menos, están garantizadas las penas severas.

“A los implicados que mataron a mi hijo les dieron 40 años, pero ahora cada muchacho pagaría solo siete meses. Entonces se meten a la JEP, no cuentan toda la verdad, salen libres y los que ordenaron están tranquilos (...) me interesa que se sepa la verdad, pero que nos cumplan, no importa cuanto tiempo sea”, comentó Martínez.

En la misma línea, Blanca Monroy, afirmó: “Soy una madre sedienta de justicia y quiero ver a las personas que mataron a mi hijo tras una reja y no que vayan a una guarnición militar donde van a jugar fútbol y en poco tiempo estén libres. Quiero que vayan a una cárcel”.

Además, reiteraron que pese a las arduas diligencias y el olvido del Estado, van a permanecer, obstinadas, actuando para conocer la verdad. “Vamos a ir hasta el final, así lleguemos de rodillas y con bastón, pero no descansaremos hasta saber la verdad de lo que pasó con nuestros hijos”, comentó Páez.

Por otro lado, contaron que proyectos artísticos como la exposición fotográfica ‘Madres Terra’, en la que aparecen enterradas, reflejando la relación de la madre y la tierra como proveedoras de vida, son iniciativas de construcción de memoria y dignificación de las víctimas que han servido de vehículo para exponer sus casos y animarse a continuar en sus luchas.

Esperan que en los próximos meses puedan presentar, a través de foros o exposiciones, los ejercicios que han liderado como colectivo, pues, según explicaron, buena parte del país aún desconoce el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y las circunstancias de su ejercicio.

“Estamos demandando al Estado porque nos tiene que dar la respuesta de nuestros hijos, en ese momento estaba el general (Mario) Montoya, (Juan Manuel) Santos y (Álvaro) Uribe, y mientras no encontremos esa cabeza, esto no se va acabar”, confluyó Páez.

Informes a la JEP

En septiembre las Madres de Soacha entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP informes relacionados con los hechos que las convirtieron en víctimas. Se trata de 19 casos en total de hechos que habrían ocurrido en 2008. 

Estos testimonios escritos serán analizados por el tribunal, el cual los cruzará con los informes que presentaron organizaciones sociales y de derechos humanos, junto con los de la Fiscalía General de la Nación para determinar qué pasó con esos 19 jóvenes quienes, al parecer, fueron buscados en el sector de Cazucá y Ciudad Bolívar (Bogotá) para luego ser presentados como bajas en combate. 

Estos informes pasarán a ser parte de las pruebas que se tendrán en cuenta para consolidar los casos que se juzgarán en el marco del Caso 003, dedicado a los ‘falsos positivos’ que se habrían cometido por parte agentes del Estado.