Blanca Monroy se esmera para que la imagen que está tallando se parezca a la de su hijo de pequeño. Once años después de la ejecución militar de Julián, busca consuelo en la madera ante la falta de una verdad completa.

Julián Oviedo era el cuarto de sus ocho hijos. El 2 de marzo de 2008 desapareció y ocho meses después su cuerpo fue hallado en una fosa común a casi 650 kilómetros de casa.

La fiscalía determinó que el joven de 19 años murió al día siguiente de su desaparición. Julián, dijo el ejército, cayó en combate. "Era un guerrillero que extorsionaba ganaderos".

Pero familiares y vecinos jamás acreditaron ese parte de guerra. Julián era un obrero que entretenía a sus hermanos menores y quería prestar servicio militar.

Además, ayudaba a cuidar el jardín del empobrecido hogar. Gracias a "sus lindas manos, a esa bendición de sus manos, mis matas eran muy hermosas", dice a AFP esta mujer de 60 años.

 Foto de: El Espectador

Guiada por una foto, la madre moldea la figura de su hijo en un jardín de flores.

Su caso es parte de un copioso expediente: el de las 2.248 ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", el mayor escándalo de las fuerzas militares en su lucha de más de medio siglo contra los grupos rebeldes.

El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

"Body count" 

La práctica que dejó al desnudo la actuación ilegal de algunos militares consistía básicamente en un premiado "body count": contar cuerpos para inflar los logros del ejército. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo, sacados de sus territorios y llevados lejos para ser asesinados y disfrazados de guerrilleros. 

"Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena", denunció en 2009 una relatoría especial de la ONU, que cada 10 de diciembre celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Como Julián, Daniel Martínez (22 años) fue otra víctima de los múltiples montajes. Sin vínculo conocido entre ellos, desaparecieron la misma semana y en el mismo barrio de Soacha, en las afueras de Bogotá. Ambos fueron presentados luego como caídos en enfrentamiento. Llevaban trajes de camuflaje y botas de caucho sospechosamente nuevas. 

A Daniel "le gustaba montar caballo, a mí también; a él le gustaba la guitarra, la música, a mí también. Entonces era esa conexión que teníamos", dice Gloria Martínez, su madre de 57 años, mientras maneja con destreza la gubia. 

Ni Gloria ni Blanca sabían manipular la madera y se instruyeron en un taller universitario. Son en total diez madres que aprendieron a dar forma a sus recuerdos. Así sobrellevan el no saber toda la verdad sobre la muertes de sus hijos.

¿Quién dio la orden? 

Las ejecuciones extrajudiciales son examinadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el sistema creado para juzgar los peores crímenes cometidos en el conflicto colombiano.

La JEP surgió de los acuerdos de paz con las FARC, la guerrilla que se transformó en partido tras firmar la paz hace tres años. Quienes confiesen sus delitos -rebeldes, uniformados o civiles- y reparen a sus víctimas recibirán beneficios penales.

Más de mil uniformados han sido condenados en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y 148 se acogieron voluntariamente al tribunal de paz.

En octubre, las "Madres de Soacha" -el colectivo de mujeres cuyos hijos fueron pasados por guerrilleros- les hicieron saber a los jueces su insatisfacción con las versiones de los militares.

"No estamos contentas con esa verdad", dice Blanca, quien ahora teme a la impunidad. "No ha pasado nada, y creo que no va a pasar nada". 

Pero Gloria, su compañera de lucha, va más allá. "Queremos que los que hicieron esto digan la verdad. ¿Quiénes fueron los que dieron esa orden?, ¿por qué los mataron?". Los presuntos responsables de su hijo se sometieron a la JEP.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que entre los investigados están 119 oficiales, incluidos 12 generales. El gobierno en su momento destituyó a altos mandos y modificó las directrices de guerra para evitar más ejecuciones, que eran premiadas con dinero y días de descanso.

Aunque los de Soacha son los casos más emblemáticos, las ejecuciones se replicaron en casi todo el territorio. En su mayoría eran hombres con entre 18 y 30 años en "situación de vulnerabilidad económica".

"¿Acaso es un delito ser pobre?", cuestiona Gloria.

Otra de las madres del taller, Ana Páez, quien en 2008 perdió a su hijo Eduardo de 33 años en similares circunstancias, decidió hacer una xilografía (grabado en madera) en memoria de 19 de las víctimas con la leyenda "muertos por el Ejército Nacional de Colombia". 

"Siempre le tuve miedo a la guerrilla, mas no al ejército", reflexiona la mujer de 61 años.