Siete organizaciones de la sociedad civil, que se aliaron para supervisar el manejo de los recursos públicos durante la emergencia del coronavirus, identificaron que en el país se han firmado más de 9 mil contratos relacionados con este tema por un valor de 1,6 billones de pesos.

De esos contratos, 4.655, estimados en 1,1 billones de pesos, se han asignado bajo la causal de urgencia manifiesta, que permite contratar de manera directa; el 71% de la contratación se ha realizado en el nivel territorial y el 44% corresponde a la ciudad de Bogotá.

Las organizaciones de sociedad civil que se han unido para ponerle la lupa a estos contratos son Transparencia por Colombia, el Comité por Transparencia por Santander, Cordupaz, la Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, Alianza por una Cali + Transparente y participativa y Corporación VIGÍA Cívica, de Pereira.

La alianza, denominada ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, hará un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios en 7 regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. El propósito es trabajar de manera conjunta con otras organizaciones e iniciativas de la sociedad civil.

"Aunque la emergencia llegue a su fin, la rendición de cuentas no culmina con ella. El panorama al que nos vemos enfrentados implica que la lucha contra la corrupción mantenga un lugar central en la atención de la emergencia Covid-19 con el fin de prevenir riesgos que, de materializarse, pueden fomentar hechos de corrupción, que incrementarán las situaciones de vulnerabilidad para amplios sectores de la población, la inequidad en el acceso a salud y la profundización de la pobreza, entre otros efectos", afirmó la alianza en un comunicado.

Según la investigación, que continúa en marcha, los 9 mil contratos se firmaron entre el 16 de marzo y el 14 de mayo. Las entidades que más han contratado son el Fondo Financiero Distrital de Salud de Bogotá (209 contratos), la Gobernación de Sucre (94 contratos) y el Instituto Nacional de Salud (91 contratos), entre otros.

A la fecha, se registran 7.613 contratistas, entre los cuales la alianza va a identificar cuántos fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019.

Ya se han encontrado irregularidades dentro de los procesos de contratación investigados. Entre ellos, se detectaron dos contratos adjudicados a personas que se encontraban inhabilitadas para contratar con el Estado por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y porte de armas de fuego. Las presuntas irregularidades se estarán presentando ante los órganos de control.

“Nunca antes había sido tan claro todo lo que nos ha quitado la corrupción. Por eso desde la ciudadanía estamos poniendo a disposición nuestra experiencia para pasar de la indignación a la acción, queremos fortalecer nuestras instituciones, nuestra democracia y que le demos un valor a lo que es público, a lo que es nuestro”, afirmó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“La pobreza y un sistema de salud frágil, no permiten ofrecer garantías de bienestar y protección a la ciudadanía; la corrupción y la indiferencia nos pasan la cuenta de cobro en esta pandemia. Nuestro compromiso con esta alianza nacional es fortalecer nuestro ejercicio de vigilancia a la contratación pública, haciendo más énfasis en la inversión que se ha activado para atender esta emergencia sanitaria en Cartagena y Bolívar”, señaló Carolina Calderón Guillot, Directora de Funcicar.

“Vivimos un momento fuera de lo común, por eso necesitamos una transparencia excepcional y una ciudadanía extraordinaria. Esta sumatoria de esfuerzos es una apuesta para eso. Unir nuestras experiencias regionales para exigir el cuidado de recursos públicos más ambicioso y para construir una ciudadanía más fuerte con los datos como argumento”, manifestó Camilo Vallejo, Director de Corporación Cívica de Caldas.