Durante la segunda parte de la audiencia preparatoria de juicio contra Luis Fernando Andrade, el abogado defensor del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, procesado en el escándalo de Odebrecht, confirmó al estrado que el exfuncionario salió hacia Estados Unidos por razones personales y de seguridad.

“Está atendiendo unos requerimientos personales y nos solicitó presentar las excusas ante su señoría”, dijo el jurista ante el juez 25 de conocimiento.

Añadió que “no fue fácil para el doctor Andrade salir del país, está procurando un nuevo esquema de seguridad y protección judicial a todos los niveles. No tenemos conocimiento de que esté en acercamiento con las autoridades judiciales norteamericanas”.

La diligencia fue programada para que tanto la Fiscalía como la defensa elevaran una nueva petición de que se incluyeran las evidencias que en la audiencia de la semana anterior el juez no decretó como válidas.

El delegado del ente acusador pidió que se tuviera en cuenta una parte del fallo que fue proferido por el Tribunal de Cundinamarca en el que fue condenada administrativamente la brasileña Odebrecht tras una acción popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación.

También insistió ante el estrado que debe tenerse en cuenta un informe de policía judicial de marzo de 2017 que consigna las entradas y salidas de personas del edificio de la ANI. Para la Fiscalía, es necesario este documento porque así se probaría la cantidad de veces que a esa entidad ingresaron José Elías Melo, Roberto Prieto, Eduardo Zambrano, así como exsenadores y exfuncionarios de la sociedad brasilera.

Por parte de la defensa, se solicitó la inclusión de por lo menos una treintena de pruebas que considera fundamentales para comprobar que su cliente no es culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio que le endilgó la Fiscalía.

Uno de los documentos que la bancada de la defensa pidió que se tuviera en cuenta es un acuerdo de consorcio del 13 de abril de 2010 suscrito por Luiz Antonio Bueno, en representación de Odebrecht, e Íngrid Xiomara Cangrejo, representante de Episol.

“Ese acuerdo pone de presente el nivel de participación y responsabilidad de Corficolombiana, como empresa matriz de Episol, que tiene una participación activa en la suscripción de los otrosíes 3 y 6. Con eso se demostraría cómo los actos previos a la suscripción vienen asistidos del trabajo de unas instituciones privadas y vinculadas al consorcio y eran los que daban las premisas de naturaleza económica y financiera para la adición”, señaló el jurista.

La audiencia fue suspendida al mediodía de este martes y se espera que continúe en horas de la tarde.