“Asesinos, son unos asesinos”. Con estas arengas salieron gritando los familiares y amigos del estudiante Luis Andrés Colmenares, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó que el estudiante, que murió el 31 de octubre de 2010, fue golpeado, lo que sería prueba de que su muerte no fue producto de un accidente.

El pronunciamiento lo hizo el magistrado José Joaquín Burbano, quien señaló que la muerte de Colmenares fue un homicidio, hecho que se hizo evidente por las heridas que registraba su cuerpo.

“El estudiante Colmenares falleció con violencia, este fue agredido por terceros y no se pudo defender de la golpiza”, indicó el magistrado durante el desarrollo de la diligencia judicial.

Al resolver la apelación de la Fiscalía y la familia contra la decisión del juez de primera instancia de librar de toda responsabilidad a Carlos Cárdenas por la muerte de Colmenares, el Tribunal estableció que no hay ninguna prueba relevante que lo incrimine con la muerte de Colmenares y por eso confirmó su absolución.

Al respecto, Mario Iguarán, abogado de Carlos Cárdenas, sostuvo que este caso demuestra que hay justicia en este país porque ya no es un solo juez sino el propio tribunal quien confirmó la inocencia de Cárdenas.

“El Tribunal concluyó ciertamente que hubo homicidio en el joven Colmenares pero también concluyó que Carlos Cárdenas es inocente. Es más, le llamó la atención a la Fiscalía en el sentido de que adelantó con testigos falsos un proceso y que violó el principio de la presunción de inocencia cuando investigó de esa manera y encarceló a Carlos Cárdenas”, señaló el abogado.

Por su parte, Luis Alonso Colmenares, padre del universitario de Los Andes, insistió que no va a descansar para que el caso no quede en la impunidad. “Desde hoy notificó a todos los compañeros de la universidad de Luis porque todos saben lo que pasó y todos van a responder por la muerte de mi hijo”, dijo Luis Colmenares.

La decisión de dejar en firme la absolución contra Carlos Cárdenas fue nuevamente apelada por las víctimas y la Fiscalía, por lo que el caso pasará a manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que deberá definir la situación jurídica del joven.