Al hacer una lectura detallada de los acuerdos de paz que se firmarán el próximo 26 de septiembre entre el Gobierno colombiano y las Farc, se logra concluir que la mayoría de los programas, proyectos instancias, instituciones o iniciativas que se crearán serán, en un 90%, para beneficio de la sociedad y el restante 10% para las Farc o los militares colombianos.

Esto resulta ser algo paradójico, ya que, durante años, las encuestas y los medios de comunicación se dedicaron a debatir únicamente sobre ese 10%, como son el tema de participación política de las Farc o los relacionados con la justicia. Pero nunca se preguntó sobre el tema de formalización de la tierra, o la seguridad alimentaria para el campesinado colombiano e, incluso, nunca se indagó sobre los temas de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto.

Dentro de ese 90% de los acuerdos que beneficiarán a la sociedad valdría la pena mencionar tres. El primero tiene que ver con la creación del Plan Nacional de Vías Terciarias, que son las vías que comunican las zonas rurales con la cabecera urbana de los municipios. Es decir, son las vías por donde los campesinos sacan sus productos para comercializarlos. En Colombia existen entre 140.000 y 170.000 kilómetros de vías terciarías, la mayoría se encuentran destruidas o con intervenciones limitadas. 

Los acuerdos de La Habana contemplan intervenir estas vías en los municipios más afectados por el conflicto, cerca de 300 de los 1.103 del país, lo cual podría abaratar el transporte de alimentos en más de un 20%. Por cada kilómetro construido se pueden emplear hasta 50 personas por un mes y medio, de tal forma que al intervenir 50 kilómetros por municipio, con dos o tres equipos de 50 personas, se podrían contratar más de 30.000 personas por más de un año. 

Ello traería una bonanza económica a estas zonas. Además, se podrían contratar las comunidades rurales que viven de la coca, lo cual a su vez ayudaría a la sustitución de cultivos de este tipo.

Otro de los planes que se contempla en el Punto Agrario es la creación de un Plan Nacional de Electrificación Rural. En buena parte de las zonas rurales del país, los campesinos no cuentan con servicio de energía eléctrica, en la mayoría de los casos tienen luz algunas horas al día o deben contar con plantas eléctricas, que funcionan con combustible, el cual a su vez es bastante costoso en estas zonas, cerca de 3,5 dólares el galón. 

Esto significa que los campesinos no pueden almacenar alimentos o comidas por muchos días, por ejemplo pescado, y cuando lo hacen el costo es alto, por lo que el precio de los alimentos no es competitivo con aquellos que produce la región andina del país. La electrificación rural traería una posibilidad para que muchas zonas rurales pasen de una economía precaria de subsistencia a una economía productiva de comercialización.

Otro de los puntos fundamentales para sacar del atraso a miles de familias y regiones del país tiene que ver con el Plan Nacional de Formalización Masiva. En el sur oriente del país, principalmente, aunque casi en todo el territorio nacional, muchos campesinos han vivido durante décadas en una parcela de tierra, pero no tienen título de propiedad, es decir, tienen es una posesión. 

Esto impide que accedan a créditos o que puedan comercializar su propiedad e incluso impide que algunas zonas rurales sean intervenidas con obras como vías o construcción de distritos de riego. La formalización significa entregarles a los campesinos escrituras, lo que a su vez es entregarles la propiedad privada que es capitalismo, eso no es nada de socialismo o comunismo.

Ejemplos como los anteriores hay decenas en los acuerdos de paz. El Gobierno nunca socializó esto y fue el uribismo quien ágilmente colocó la discusión en dos temas. Tanto el Gobierno como las Farc, y los medios de comunicación, cayeron en ese sofisma. Pero el gran ganador con los acuerdos de paz será el pueblo colombiano.

Esta columna de opinión fue publicada en El país.com (España)

Ariel Ávila | Especial para La Opinión